La noticia que reporta que la Policía detuvo a una menor a la que se le halló un proveedor de una pistola nueve milímetros como mercancía de contrabando en la zona pudenda de su anatomía es fulminante.
Este episodio se suma a otros de igual calibre en los que se ha conocido hasta de niños en etapa de lactancia que han sido utilizados por papás irracionales y madres sin pudor como mulas de carga para transportar estupefacientes entre sus ropas o en los coches en los que los movilizan.
Indigna ver y escuchar cómo quienes se supone deben velar por sus hijos y ser sus escudos ante los peligros de la calle sean los que precisamente, de manera insensible e irresponsable, los expongan sin rubor alguno.
Se trata de una clase de maltrato diferente, pero tan perniciosa y cuestionable como aquel que deja marcas en el cuerpo. El daño sicológico, la alteración de la vida cronológica y el atropello a la inocencia no merecen contemplaciones, porque constituyen crímenes de la más baja calaña. De allí que las autoridades deben actuar sin contemplaciones contra aquellos progenitores que prefieren el dinero fácil y la vida ligera mientras eluden agachar el lomo para darles mejores días a suyos.
No hay justificación para involucrar a niños en el tenebroso submundo de las drogas y las armas. Por ello, una vez se detecten episodios como el que describimos al inicio de esta nota, los responsables deben ser confinados a una mazmorra y las víctimas extraídas de la situación de riesgo antes de que sea muy tarde.
En estos casos nos gustaría ver más activos a los grupos que se autoproclaman defensores de los derechos de los débiles y desprotegidos. En estos casos sería bueno que las redes sociales reventaran y nuestros dirigentes, sin distingos de colores y banderas, se pronunciaran aunque sea de madrugada, porque en aquello de proteger al niño para no castigar al hombre del futuro, todos debiéramos movernos en una misma dirección.
