Amnistía Internacional (AI) presentará en Managua una investigación sobre el impacto del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua en un gran número de comunidades.
"Peligro: Derechos de venta. El proyecto del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua y la erosión de los derechos humanos" revela cómo el oscuro marco jurídico que condujo a la concesión del proyecto, sin una consulta genuina con las comunidades afectadas, viola normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y podría conducir al desalojo forzoso de cientos de familias, según AI.
Organizaciones locales de la sociedad civil estiman que el número de personas afectadas asciende a casi 120,000. Nicaragua tiene una población de 6.3 millones de habitantes.
El Gobierno de Daniel Ortega otorgó a la firma china HKND Group la concesión para el canal por un período de 50 años, prorrogables por otros 50.
Según el diseño más reciente, el proyecto consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.
El canal entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la construcción de la esclusa oeste, que estaban previstas a iniciar en el primer semestre de 2017, tras sucesivos atrasos por diversos motivos.
El costo del proyecto está calculado en 50,000 millones de dólares, de acuerdo con HKND Group.
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Autor
EFE/@PanamaAmerica
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