Luego del acuerdo acordado entre el Gobierno y la Comisión Indígena, que excluye a Genisa, concesionaria del Proyecto Hidroeléctrico de Barro Blanco, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) indicó que como todo estado de derecho, la República de Panamá debe salvaguardar los legítimos derechos de inversionistas, acreedores y empresarios que – apostando por nuestro país – realizan cuantiosas inversiones en proyectos a largo plazo y de interés nacional.
“Observamos con preocupación las manifestaciones expresadas por la empresa titular de la concesión administrativa, con relación al acuerdo suscrito ayer entre el Presidente de la República y las autoridades de la Comarca Ngäbe Buglé respecto al Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco”, indica el comunicado.
Genisa por su parte señaló que ha cumplido en todo momento y a cabalidad con todos los permisos y regulaciones aplicables conforme a ley panameña y de la misma forma lo han hecho sus contratistas.
“Nuestro ordenamiento constitucional exige que los procesos se lleven a cabo con apego a la ley y sin fueros ni privilegios, de allí nuestra preocupación que un proceso con complicados ribetes jurídicos y culturales, aparentemente se le haya buscado una solución política que podría no ajustarse a nuestro ordenamiento jurídico”, destaca el comunicado de Apede.
Los empresarios hicieron un llamado, al Gobierno Nacional para que divulgue mayores detalles sobre el acuerdo, incluyendo cómo el mismo se enmarca dentro de la ley, para así enviar una señal clara de que en Panamá se respeta la seguridad jurídica de las inversiones.
Además reiteró la importancia que la empresa inversionista, sea incluida como parte integral de la solución a esta temática. [VEA TAMBIÉN: Peligra la seguridad jurídica en Panamá]
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Autor
Redacción/ PanamaAmerica
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