La inversión en el sector construcción continúa disminuyendo en el país, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por la Contraloría General de la República , las cuales muestran una baja en el dinamismo, ya que de un crecimiento de 7% en 2015, durante los dos primeros meses del año, el valor de las construcciones registradas pasaron este año a un incremento de solo un 1%.
El total de lo invertido para nuevas obras en los principales distritos del país fue de 349 millones 435 mil dólares, mientras que en 2015 el monto fue de 346 millones 20 mil dólares y en 2014 se invirtieron 323 millones 457 mil dólares.
La inversión en proyectos no residenciales disminuyó 18.7%, pasando de 213 millones 123 mil dólares en 2015 a 173 millones 190 mil dólares, durante los dos primeros meses del año en curso.
Las obras residenciales presentaron un mejor desarrollo al crecer la inversión 32.6% , con un valor de construcción total de 176 millones 245 mil dólares, monto superior a los 132 millones 897 mil registrados en 2015.
La construcción, tanto de viviendas como de obras no residenciales, cayó en el distrito de Panamá 18% y en de Arraiján 19.7%.
Para el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Iván de Ycaza, es necesario "superar los largos y costosos procesos que anteceden al inicio de toda obra, que impactan negativamente a la industria".
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Además, expresó la preocupación de los empresarios por el constante incremento de los costos e insumos de construcción, lo cual no excluye el establecimiento de nuevas contribuciones, derechos y el alza constante de las tarifas de servicio aplicables por las distintas instituciones.
En la identificación de barreras que afectan el desempeño y accionar sostenible de esta industria, "hemos reclamado de manera constante que se establezcan de una vez por todas las reglas del juego en materia de planificación urbana, zonificación y uso de suelo", indicó Ycaza.
No escapan de las obstrucciones que frenan el desarrollo de la actividad constructora y de los proyectos habitacionales el déficit en el suministro y prestación de los servicios públicos, principalmente agua potable, saneamiento y vialidad, según el experto.
