"El acuerdo sobre Barro Blanco firmado entre la Comisión Indígena y el Gobierno representa una expropiación en todo el sentido de la palabra", advirtió hoy el exministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima.
Recordó que hay tres partes involucradas, pero se hizo una negociación que solo incluye dos partes.
Además, aseguró que la empresa no ha incumplido ninguno de los deberes de su concesión, "no hay argumento jurídico para quitársela".
"El Gobierno dijo que Genisa tenía conocimiento del acuerdo firmado y ellos (Genisa) dijeron estar de acuerdo con algunos de los puntos del convenio, pero que tu tengas conocimientos y estar en acuerdo es diferente; queda así la puerta abierta, en tema de seguridad jurídica, para que la empresa demande al Estado por incumplimiento del contrato de concesión", indicó De Lima.
El exministro destacó también que se le vendió a la población la idea que el concesionario se haría cargo del 15% de las ganancias que se le otorgará a las comunidades indígenas y eso es falso, ahora quedó claro que lo va a pagar el Estado, es decir cada uno de los panameños contribuyentes.
La semana pasada, el Gobierno Nacional suscribió un acuerdo con la Comisión Indígena, liderada por la cacica Silvia Carrera. Entre las cláusulas acordadas entre el Gobierno y los caciques están: que la operación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco será manejada por un tercero independiente, con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.
También la creación de un fideicomiso, con aportes del Gobierno por el término de la concesión del proyecto, así como priorizar que el 50% del personal que labore en esta hidroeléctrica sea indígena, de la Comarca Ngäbe-Buglé, y campesino.
Además dentro de este acuerdo se establece la cancelación de cualquier concesión de proyectos hidroeléctricos que existan sobre el río Tabasará.
Aida Michelle de Maduro, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) señaló que la situación que se está viviendo con el proyecto Barro Blanco es un precedente “nefasto” para el país, sobretodo por la forma en como se llego a ese acuerdo.
También la Asociación Panameña de Promotores de Energía Renovable (APPER) se muestra preocupada por la actuación del Gobierno en el reciente caso de Barro Blanco, que prácticamente deja por fuera de las negociaciones a la empresa Genisa, después de que la misma invirtió más de 100 millones de dólares, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica en el país y afecta las futuras inversiones en el sector.
Sin embargo, destaca que existe algo más grave que este caso y es la intención de acabar con la generación de energía renovable en el país, entre ellas, la hídrica, que representa un ahorro para los panameños en el costo de la electricidad, con la finalidad de incentivar el uso de otras fuentes.
También la Asociación Panameña de Promotores de Energía Renovable (APPER) se muestra preocupada por la actuación del Gobierno en el reciente caso de Barro Blanco, que prácticamente deja por fuera de las negociaciones a la empresa Genisa, después de que la misma invirtió más de 100 millones de dólares, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica en el país y afecta las futuras inversiones en el sector.
Sin embargo, destaca que existe algo más grave que este caso y es la intención de acabar con la generación de energía renovable en el país, entre ellas, la hídrica, que representa un ahorro para los panameños en el costo de la electricidad, con la finalidad de incentivar el uso de otras fuentes.
[VEA TAMBIÉN: Preocupa atentado contra la seguridad jurídica en el país]. .
