Empresarios panameños pidieron este martes a la Asamblea aprobar un proyecto de ley que lleva parado casi dos años y que otorga exoneraciones fiscales al puerto de Corozal, que se encuentra todavía en fase de licitación y que se levantará en el sector Pacífico del Canal de Panamá.
"Quien resulte favorecido con la concesión de este proyecto, necesita recibir beneficios fiscales en igualdad de condiciones a los actuales concesionarios", afirmó este martes el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jorge García Icaza, durante un foro logístico celebrado en su sede.
En diciembre de 2014, el Gobierno dio luz verde a una serie de exoneraciones fiscales para el diseño, construcción, desarrollo y operación de este nuevo puerto de contenedores, similares a los beneficios fiscales de otras terminales del país, pero dejó en manos de la Asamblea su aprobación final.
El gremio de abogados panameños, en cambio, se opone a la construcción del puerto porque, en su opinión, "atenta contra la vida y salud de las comunidades vecinas" y este martes pidió al Gobierno en un comunicado llevar el proyecto "a consulta popular".
"Resolvemos exigir que estos megaproyectos sean llevados a consulta popular y, si no se efectúa esta consulta, mantener nuestro rechazo a los mismos", indicó el Colegio Nacional de Abogados de Panamá en la nota.
La ruta acuática publicó a principios del pasado octubre el pliego de cargos que deben cumplir las cuatro empresas precalificadas en el proceso de licitación para el diseño, construcción y operación del puerto, un proyecto de al menos 600 millones de dólares.
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Redacción
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