El objetivo del Tribunal de Cuentas es garantizar que los fondos o bienes del Estado que hayan sido sustraídos y malversados sean recuperados. La misión ha dado sus frutos y, actualmente, a las arcas del Estado ya han ingresado más de $22 millones debido a la gestión de esa entidad estatal.
La institución tiene rango constitucional y juzga la responsabilidad que tienen los funcionarios, personas naturales o empresas cuando son investigados o acusados de atentar contra los bienes del Estado.
Panamá se une a países como España, Francia, Brasil, Chile, El Salvador, Hondura y República Dominicana, en la función juzgadora mediante el Tribunal de Cuentas, cuyas experiencias sirvieron como referencia para la legislación panameña.
