La cuerda siempre revienta por el lado más delgado, así se refirió el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA) Pedro Acosta frente a la sentencia interpuesta al señor Sergio Emilio Rodríguez Pretel por el delito de estafa en perjuicio de la Empresa de Distribución de Energía S.A. (Ensa).
Ensa denunció recientemente al señor Rodríguez Pretel ante las autoridades competentes, las cuales establecieron que el medidor de electricidad asignado al cliente fue alterado a través del atraso de las lecturas del mismo.
Acosta destacó que obviamente el robo de energía eléctrica es un delito, pero que él ha tenido conocimiento no de ahora, sino de hace más de 15 años, de personas en áreas de clase social alta y de grandes empresas que han sido detectadas roban luz y nunca han sido condenadas, ni encarceladas.
“El robo de luz es una práctica casi deportiva, así como el agua, con la única diferencia de que está situación siempre va a reventar por la clase trabajadora del país a la cual toman de ejemplo como en este caso, lo que es lamentable, ya que este cliente no será ni el primero ni el último detectado en está práctica” resaltó.
Añadió que aquí en Panamá se han encontrado grandes negocios robando energía eléctrica, ya sea con doble conexión o con cableado por debajo de la tierra y nunca han sido condenadas.
Resaltó que esta condena es un poco contradictoria, teniendo en cuenta los daños que estas grandes empresas han causado a los artefactos eléctricos de miles de hogares panameños, sin siquiera haber sido condenadas.
“Todos sabemos los desmanes que cometen y están cometiendo esas empresas a diario por la mala prestación del servicio eléctrico, lo que eso acarrea, los daños que se le causa al sistema y a los usuarios cuando se les daña sus aparatos y no hay forma de que estas compañías resarzan los mismos a los panameños” indicó Acosta.
El presidente de Uncurepa manifestó que estas grandes empresas de distribución eléctricas del país tienen todas las ventajas a su favor, lo que va en detrimento de sus clientes, ya que cuando obtienen estas concesiones las adecuan de la mejor manera para protegerse.
Agregó que incluso, cuando estas grandes empresas se van a arbitraje con algunos clientes, los mismos se hacen fuera de la República de Panamá, lo que no debería ser si el hecho fue dentro del territorio nacional, no en el extranjero.
Situación que según él, pone en desventaja a los clientes panameños, frente a estas grandes empresas.
Destacó que el gobierno debe volver a revisar los contratos de concesiones con estas empresas, para ver como se puede solucionar está situación.
El fraude de energía está tipificado en el Código Penal específicamente en el Título VI: Delitos Contra el Patrimonio Económico, capítulo III, artículos 224 y 225.
Anualmente, según Ensa deja de facturar aproximadamente 240,000 MWh - energía suficiente para abastecer más de 100 mil viviendas, producto del hurto o fraude de energía, causando un perjuicio económico de más de $38 millones de dólares, según resaltá está empresa.
Las conexiones ilegales tienen mayor incidencia en asentamientos informales, áreas en las que en muchos casos resulta inviable brindar el suministro de energía por no contar con tenencia legal de la tierra.
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Autor
Redacción Economía/ @PanamaAmerica
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