El pasado 13 de julio la Corte Suprema de Justicia declaró en desacato al administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Roberto Meana, por rehusarse a cumplir lo ordenado en la sentencia emitida el 20 de diciembre de 2017, en la que se acogió el amparo de garantías interpuesto por la empresa Panamá Ng Power, S.A.
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La Corte en ponencia de Hernán De León reconoció 150 días a Panamá NG Power para presentar el cierre financiero del proyecto de construcción de una planta de generación eléctrica.
En 2014, la empresa se ganó una licitación internacional para construir una planta de generación eléctrica de 670 MW, con una inversión inicial de $800 millones, sin embargo, ha enfrentado durante cuatro años decisiones en contra de la inversión.
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En el 2015 un fallo de la CSJ dejó sin efecto la resolución de la Asep, activando nuevamente a dicha empresa en el mercado energético.
La firma de abogados Watson & Associates, ya ha presentado tres acciones de amparo de garantías constitucionales contra Meana "por violarle continua y reiteradamente el debido proceso legal y otros derechos fundamentales" a Panamá NG Power.
