Expertos aseguran que el Decreto Ejecutivo 130 sobre actualización catastral es ilegal y que el Gobierno busca darle paso a la especulación.
La reglamentación, firmada por el presidente Juan Carlos Varela y el titular de la cartera de Economía, Dulcidio De La Guardia, es ilegal porque no puede estar por encima del Código Fiscal, pues todo lo que tenga implicación fiscal debe ser ley, asevera Iván Carlucci, de la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios (Fiabci).
Destaca también que la Dirección General de Ingresos (DGI) no puede dar a ningún municipio información de contribuyentes que estén morosos supuestamente porque la información es confidencial.
Esto, haciendo referencia al artículo 2 del decreto, el cual establece que la DGI facilitará previa solicitud de los respectivos municipios la lista de inmuebles que se encuentren en estado de morosidad por más de 12 meses de su causación y que corresponda a su área geográfica para ubicar a los propietarios.
La diputada Zulay Rodríguez concuerda con Carlucci al asegurar que el decreto es ilegal, porque sobrepasa el Código Fiscal. Además, todo lo que tenga alguna implicación fiscal debe cumplir con el Principio de Reserva de Ley, es decir, debe estar contemplado en una ley formal de la República, tal como lo consagra el artículo 52 de la Constitución.
La DGI no puede darle a ningún municipio información de los contribuyentes que estén supuestamente morosos, porque la información de los contribuyentes por ley es confidencial, eso es una especie de tercerización de la fiscalización y cobro del impuesto de inmueble, explica Rodríguez, quien es abogada.
Además, los municipios no pueden tener información de los contribuyentes del impuesto de inmueble porque eso escapa de su jurisdicción, ya que el impuesto de inmueble por ley es un impuesto nacional bajo la jurisdicción de la DGI del MEF, así está establecido en el Código Fiscal.
MEF rechaza argumentos en contra de la normativa de actualización catastral
Para el economista Juan Jované, el Gobierno sigue jugando con la idea de elevar el catastro, con el fin de darle paso a la especulación".
Este argumento lo comparte también Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, quien además rechaza la iniciativa porque considera que golpeará a la clase más humilde y a la misma vez explica que detrás del decreto existen grandes intereses y terratenientes.
No obstante, Dulcidio De La Guardia reaccionó que la iniciativa tiene el fin de que los contribuyentes a la hora de realizar una compra venta desglosen cuál es el valor de la mejora y del terreno en la escritura, para facilitar el registro de la escritura en la Dirección General de Ingresos (DGI) y en la Autoridad Nacional de Tierras (Anati).
Además, busca que la DGI informe a los alcaldes las fincas que están morosas, de tal forma que puedan avisarle a las personas y facilitarles el proceso de pago y el cumplimiento de sus obligaciones.
Decreto
6 de junio se firma y emite.
Promulgación
7 de junio del año en curso.
