Como otro golpe a la economía de los panameños es catalogado el Decreto Ejecutivo N.°130 de 6 de junio de 2017, que establece directrices para la actualización de la información catastral, publicado en la Gaceta Oficial el pasado miércoles 7.
Entre los fundamentos del decreto se menciona la Ley 37 de 2009, reformada por la Ley 66 de 2015, a través de la cual se asignan a todos los municipios los recursos provenientes de la recaudación de impuesto.
Según los expertos, este aspecto deja en evidencia que los argumentos del Gobierno acerca de que la ley de descentralización nada tenía que ver con reavalúos y aumentos de impuestos no eran tan ciertos.
El decreto establece que los municipios, instituciones o funcionarios encargados de expedir permisos para levantar construcciones, refaccionarlas o repararlas deberán emitir a la Autoridad de Administración de Tierras (Anati) y la Dirección General de Ingresos (DGI), dentro de los 15 días siguiente del mes anterior, un reporte.
El reporte debe tener los permisos de construcción otorgados, cambios de zonificación o uso de suelo, así como de los permisos de ocupación, que contengan los datos necesarios a fin de mantener la actualización de la información catastral de las respectivas fincas o inmuebles.
Los propietarios de las fincas que realicen algunas de las modificaciones a su bien inmueble también deberán actualizar las mejoras realizadas ante la Anati, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del permiso de ocupación; de no ser así, esta entidad podrá hacerlo de manera oficiosa.
Además, la DGI facilitará, previa solicitud de los respectivos municipios, la lista de inmuebles que se encuentren en estado de morosidad por más de 12 meses de su causación y que corresponda a su área geográfica para ubicar a los propietarios.
La reglamentación sorprende a empresarios, economistas y asociaciones de consumidores, ya que en múltiples ocasiones, diversos representantes del Gobierno aseguraron que no existía la intención de hacer reavalúos.
Pero el Decreto Ejecutivo N.°130 apunta en otra dirección, la de actualizar el valor catastral (reavalúo) sin ningún mecanismo de medición, apostando al precio comercial de las propiedades, lo que las encarecería y aumentaría el impuesto de inmueble.
Elisa Suárez, del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda) y de la Comisión Intergremial del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), señala que el país necesita un marco jurídico que establezca una fórmula técnica para calcular los valores catastrales de las propiedades y que se baje el impuesto de inmueble, por lo que apuesta al proyecto de ley 43, el cual está en tercer debate en la Asamblea Nacional.
Para la diputada Zulay Rodríguez, quien denunció anteriormente la intención por parte del Gobierno de aumentar el impuesto de inmueble a través de la actualización catastral, lo que busca este decreto es crear una base de datos entre los municipios y la Anati que permitirá determinar cuándo un usuario realice una modificación.
Por ejemplo, si un panameño realiza mejoras como poner unas ventanas francesas y no las reporta a la Anati, entonces el decreto otorga la facultad de actualizar de oficio el valor actual sin autorización del propietario.
La diputada explica que el Decreto N.°130 es ilegal porque sobrepasa el Código Fiscal. Además, todo lo que tenga alguna implicación fiscal debe cumplir con el Principio de Reserva de Ley, es decir, debe estar contemplado en una ley formal de la República, tal como lo consagra el artículo 52 de la Constitución.
Con esto concuerda Iván Carlucci, de la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios (FIABCI), quien señala que la DGI no puede dar a ningún municipio información de contribuyentes porque es confidencial.
Aunado a esto, el hecho de que el decreto obligue a los propietarios a reportar las modificaciones de su bien inmueble ante la Anati no es bien visto por Carlucci, ya que considera que el Estado no puede imponerles a los ciudadanos realizar el trabajo que les corresponde a las entidades.
