Ante la desaceleración económica en varios sectores de la economía nacional, los comerciantes tratan de blindar sus actividades mediante la Ley 12 de 2016 que establece la reestructuración de las empresas y no solamente dirigirlas a la quiebra, cuando se registre alguna crisis financiera.
La Ley de insolvencia es un instrumento legal que entró a regir a partir del 3 de enero pasado y busca que las empresas logren encontrar mecanismos para seguir operativas, explicó Rafael Zúñiga Brid, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
La Ley 12 tiene como norte la protección del crédito de los acreedores y la supervivencia de la empresa que está en situación de crisis.
"Les brinda la oportunidad a las empresas para que en un tiempo supervisado, puedan reactivarse, evitar demandas y presentar un plan de reestructuración que convenza al juez que es la mejor alternativa", explicó el abogado Eric Britton.
Señaló que la normativa le otorga competencias a juzgados especiales que aún no han sido creados y mientras son los juzgados de circuito civil, los encargados.
"Una vez las empresas sientan que tienen muchas demandas o han caído en insolvencia, pueden acudir al juez, pedir una protección por un periodo de tiempo lo que permitirá que la empresa reflote", destacó.
De acuerdo con los expertos, esta medida ofrece la oportunidad de mantener las fuentes de empleo, y proteger los intereses de los acreedores.
Antes de la aprobación de esta ley, las empresas insolventes solo tenían una vía y era declararse en quiebra, hacer la venta de sus activos para pagar a sus acreedores y desaparecer del mercado.
Aida Michelle Maduro, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), indicó que esta es una herramienta que le brinda una última oportunidad al empresario para rescatar algo que se ha emprendido en momentos en que el país está desacelerado, aunque no en crisis.
Sin embargo, leyes de insolvencia han sido aprobadas en otros países desde hace varios años, lo que indica que a Panamá ha llegado retrasada.
Autoridades colombianas que brindaron sus experiencias en Panamá, durante la conferencia internacional sobre la ley organizada por la CCIAP, señalaron que en su país ha sido positiva esta medida.
"Hemos comprobado que es una verdadera herramienta de recuperación empresarial que permite conservar empleos, fuentes generadoras de riqueza y la protección de los intereses de acreedores", destacó Nicolás Polanía, Superintendente delegado para procedimientos de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
