Con la posible implementación del uso obligatorio de bolsas biodegradables por parte de los comercios, no se descarta un impacto al bolsillo del panameño.
Los empresarios no están de acuerdo con el proyecto de ley 492, que fue aprobado el pasado 27 de abril en la Asamblea, en el primero de tres debates, y que busca fomentar el uso razonable de las bolsas de plástico y eliminar el abuso actual.
"Es una locura. Combatir el desempleo es más importante que el medioambiente", afirmó el presidente de la Asociación de Comerciantes y distribuidores de víveres y similares de Panamá (Acovipa), Iván Ríos, a la agencia de noticias EFE.
El empresario considera que la iniciativa no se va a aprobar al final porque "los intereses de la industria plástica son muy fuertes en Panamá".
"Cobrar por las bolsas es una costumbre que está de moda en Europa y que allí funciona porque tienen un nivel adquisitivo mucho más alto que Latinoamérica. Los legisladores se piensan que somos como ellos y somos muy distintos", dijo Ríos.
Si el proyecto se aprueba, Panamá sería el primer país de Centroamérica en tener una ley como esta, que ya está vigente en Europa y en algunos países latinoamericanos, como Colombia. "Los cambios son difíciles, pero es cuestión de acostumbrarse", aseguran defensores de la iniciativa.
Impacto
Según la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Panamá, con sus casi 4 millones de habitantes, es el país que genera más residuos per cápita de Latinoamérica, cerca de 1.2 kilogramos de basura al día por persona, la mayor parte de la cual son plásticos.
La mayor parte de la basura que llega a los ríos son bolsas plásticas.
Empresas se adaptarían en un año a la iniciativa
”El plástico no es biodegradable y las bolsas demoran 450 años en desaparecer. Hoy en día, el 20% del plástico que se recoge en Panamá son bolsas”, explicó a Acan-Efe el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Samir Gozaine.
“Las bolsas de plástico biodegradable tardan solo 25 o 30 años en descomponerse”, cuenta Gozaine, quien se muestra convencido de que la iniciativa saldrá finalmente adelante, a pesar de que ahora hay algunos diputados en contra. Los supermercados, las farmacias y las pequeñas tiendas tendrían doce meses para adaptarse .
