Unos 180 mil servidores públicos y privados siguen en la lucha para que el pago de los décimos adeudados entre los años 1972 a 1983 se les haga efectivo.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pasado lunes 25 de octubre el proyecto de ley N.° 92, por medio del cual se ordena el pago de la segunda partida del décimo tercer mes.
Luego que se aprobara en tercer debate, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, afirmó que no se adeudan ningunos décimo tercer mes a los extrabajadores de los sectores público y privado que laboraron entre los años 1972 a 1983.
"Había una Ley de la República y esto se lo advertimos a la Asamblea, el MEF fue al debate y puso sus objeciones por escrito", indicó el ministro.
De La Guardia aseguró a inicios de noviembre, por visos de inconstitucionalidad, estarían presentando ante la Presidencia una solicitud de veto total del proyecto de ley N° 92, aprobado en los tres debates reglamentarios en el Legislativo, donde se destinaba el pago de los décimo tercer mes a los extrabajadores.
La Caja de Seguro Social (CSS) debería desembolsar 131 millones de dólares en concepto de esta partida, pero antes el presidente Juan Carlos Varela tendría que sancionar esta ley validada por la Asamblea, para que se haga realidad este pago.
El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Elías Castillo, explicó que es un dinero retenido de los trabajadores, por ello, esto es un derecho que les corresponde.
Recomendó que se debe buscar el método de pago, sin decir que no se le puede hacer efectivo este dinero, o que ya se les pagó en algún momento, ya que no se le ha hecho ese desembolso.
Castillo refutó los señalamientos del ministro de Economía, asegurando que lo aprobado por el Legislativo no es inconstitucional, sino un derecho legítimo para todos aquellos que fueron afectados por la retención del pago.
De ser vetada esta ley, forzaría a la Asamblea a tener que aprobar el proyecto por insistencia, en donde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá fallar.
En medio del debate que se dio en la Asamblea, el presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, Gabriel Soto, agregó que se trata de justicia social para con los 180 mil trabajadores beneficiarios.
"Los trabajadores dieron esa partida en calidad de préstamo y es justo que ahora se les devuelva", sostuvo.
Por su parte, Alfredo Berrocal, de la Federación de los Servidores Públicos (Fenasep), advirtió que es justificado el pago, toda vez que se trata de la devolución de la segunda partida que en el momento en que se concedió se hizo con el fundamento de una gran generosidad, donde había el compromiso del Estado de regresar este dinero.
A su juicio, regresar esta segunda partida sería una inyección muy favorable para todos, ya que la falta del poder adquisitivo es evidente, por lo que repudia las objeciones de las autoridades de que es inasequible el pago y que afectaría la economía del país.
"Cuando los trabajadores reciban esa segunda partida, va a ir directamente a las cajas registradoras de los comercios, lo cual es muy importante ante una economía que camina lenta", aseguró.
Precisó que saldar esta cuenta tiene un valor ético y moral muy importante en estos momentos.
