El aumento del salario mínimo de los servidores públicos, anunciado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, es considerado por expertos un asunto de carácter político que podría complicar el funcionamiento de las entidades estatales y consecuentemente la economía.
Varela anunció esta semana que más de 35 mil funcionarios que ganan menos de $600 serían beneficiados con la iniciativa, la cual no está incluida en el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia 2017, que está actualmente bajo evaluación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, pero que el dinero se obtendrá de los ahorros que logre cada entidad, a través de sus gastos de funcionamiento.
Para el economista y catedrático Reyes Valverde, será un problema que se les cargará a las instituciones públicas por no establecerlo dentro del presupuesto de 2017.
Agregó que el presupuesto de funcionamiento, que es el que puede tomar la institución para reforzar la planilla, requiere tener un soporte para poder garantizar la viabilidad de la iniciativa, en nivel de inversión, y allí es donde estaría fallando el actuar del Gobierno para lograr ese fin de aumentarle a los empleados públicos.
Además, consideró que la única forma de lograr recaudar ese dinero para el aumento de los funcionarios sería con ahorros comprobados y esto sería despidiendo a algunos trabajadores públicos.
"Esta meta de lograr este aumento yo la veo más de carácter político y no impacta en el desarrollo en el quehacer del Gobierno Nacional", planteó Valverde.
"Cuando se plantean ese tipo de metas y no hay una verdadera estructura para conseguir este objetivo, puede llevar a este tipo de situación de despidos", enfatizó el especialista.
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el costo de la medida, que consiste en el aumento de 500 a 600 dólares mensuales a quienes devengan salario mínimo, estará entre $50 y $60 millones anuales.
Para los especialistas, primero se debió saber qué tipo de gastos en un momento determinado se van a reducir.
Valverde considera que lo normal en las 82 instituciones aproximadamente que existen es priorizar y reestructurar.
Para este fin, es necesario considerar los recortes presupuestarios que se han hecho a las instituciones para el próximo año.
Se requerirá, según el experto, hacer una reingeniería a partir de enero 2017, para reestructurar a partir de ese recorte las condiciones de los gastos que en un momento se demanden, lo que muestra un complejo panorama.
$500
mensuales ganan como salario mínimo los funcionarios.
$600
sería el nuevo salario mínimo.
2017
se implementará el aumento.
