Genisa rechaza acuerdo entre Gobierno y Caciques sobre proyecto Barro Blanco

Ha transcurrido aproximadamente un año y medio desde que el Gobierno Nacional decidió instaurar una mesa de diálogo con la Comisión Indígena en torno al proyecto Barro Blanco, destacó la empresa a través de un comunicado.

Agregó que GENISA nunca ha sido parte de dicha mesa de diálogo; sin embargo, durante este tiempo, en la misma se han tomado y se siguen tomando decisiones que han resultado en suspensiones y atrasos en la construcción y operación del proyecto, lo cual se ha traducido en sobrecostos, pérdida por lucro cesante, riesgos y daños a los equipos y obras de infraestructura, entre otros.

En el día de ayer el Gobierno Nacional anunció la suscripción de un acuerdo con la Comisión Indígena, el cual fue informado a la empresa con posterioridad de haber sido acordado entre el Gobierno y la Comisión. GENISA no es parte de este acuerdo.

GENISA, concesionaria del Proyecto Hidroeléctrico de Barro Blanco, expresa su profunda preocupación ante ciertas cláusulas contenidas en el acuerdo anunciado hoy, que claramente vulneran y menoscaban nuestros derechos bajo el Contrato de Concesión para la construcción y explotación de una central hidroeléctrica construida en tierras de propiedad privada de GENISA, y que está ubicada fuera de la Comarca Ngäbe Buglé.

Dichas cláusulas igualmente violan y menoscaban los derechos que amparan a nuestros inversionistas, ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica y de Centro América bajo normas legales y tratados internacionales.

La empresa señala que ha cumplido en todo momento y a cabalidad con todos los permisos y regulaciones aplicables conforme a ley panameña y de la misma forma lo han hecho sus contratistas.

"Lamentamos como estas decisiones y situaciones han incidido materialmente y de manera negativa en la construcción y a futuro en la operación comercial de este proyecto, que fuera declarado de “Interés Público y Carácter Urgente” por el Gobierno de la República de Panamá y que se nos adjudicó en el año 2007, producto de un acto de licitación pública internacional", detalla el comunicado .

Manifestamos de manera formal nuestro desacuerdo ante las imposiciones incluidas en dicho convenio y las afectaciones sufridas hasta la fecha y que sobrevendrán a futuro a este proyecto como consecuencia de la mesa del diálogo; por lo que nos reservamos el derecho a ejercer las acciones y utilizar los mecanismos legales a nuestra disposición para proteger nuestro derecho a un trato justo y equitativo de nuestra inversión y que se cumpla con los principios de legalidad y respeto a nuestros derechos como concesionarios, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.