Ante los ataques que se han dado contra la imagen de Panamá por parte de otros países, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de varias empresas, los gremios empresariales solicitan un Gobierno más enérgico que defienda los intereses nacionales.
Uno de los casos que han sido cuestionados es el hecho de que Colombia haya impuesto aranceles a las importaciones provenientes de la Zona Libre de Colón, afectando a este emporio comercial, y a pesar de tener un fallo a favor, por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Gobierno panameño no actuó de forma categórica, tal como esperaban los comerciantes.
Colombia formuló un nuevo documento en el que plasmó que la medida no es solo para Panamá, sino que aplicará tanto a las importaciones con países con los cuales tiene acuerdo comercial vigente, así como con aquellos con los que no los tiene, por lo que las negociaciones con el vecino país fueron en vano.
Usha Mayani, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, indicó que en el caso de Colombia, "lo dejamos en manos del Gobierno, si tienen a bien poner a Panamá de frente".
"La empresa privada de este pilar de la economía nacional, no puede quedarse detenida. Pasamos la página con miras hacia el futuro", destacó la empresaria.
Otro de los casos que también tuvo incidencia en la economía panameña, según los expertos, fueron los escándalos de los llamados Panamá Papers y además la inclusión de empresas en la Lista Clinton.
Ante la inacción de las autoridades, diversos gremios del país han solicitado a las autoridades que defiendan los intereses de los panameños, ya que se está creando un precedente que tendrá repercusiones en las presentes y futuras inversiones.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ve con preocupación las acciones del Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, que están lesionando la seguridad jurídica nacional, el derecho de expresión y la libre empresa, al mantener a empresas panameñas dentro de la Lista Clinton.
Ante esta situación, el gremio exige a las autoridades del Gobierno Nacional que demanden respeto al debido proceso y al principio de la presunción de inocencia, defiendan la libre empresa panameña, los derechos humanos y la libertad de expresión, principios consagrados en la Constitución.
La presidenta del Conep, Aida Michelle Maduro, indicó que Panamá debe adoptar una posición más firme y debe darse a respetar.
"Se ha asumido que Panamá tiene una responsabilidad en el tema de los Panamá Papers, cuando los países que nos están acusando también tienen las mismas prácticas pero su problema es la fuga de capitales", señaló.
Considera la empresaria que Panamá trabaja en tema de transparencia, pero no se ha sabido defender.
Aseguró que estas situaciones tienen repercusiones en las inversiones.
Indicó que el establecimiento de empresas en Panamá ha sido mucho más lento ante un grado de incertidumbre, ya que las informaciones afuera sobre la economía no son positivas.
Más desempleo, la tendencia a la contracción de la economía, son algunas informaciones que manejan los inversionistas extranjeros.
El economista Olmedo Estrada también coincide al indicar que cualquier tipo de señalamiento sale a nivel mundial y merma cualquier tipo de relación que se pueda dar con inversionistas o centros financieros que se dedican a mover capitales.
A su consideración las autoridades deben salir a defender el centro financiero, al país, ya que no se ha podido comprobar que Panamá es un paraíso fiscal. "Tienen que ser más enérgicos en defender al país", dijo.
En enero próximo, Francia señaló que incluiría a Panamá en la lista de paraísos fiscales, sin embargo, a pocos días que se venza el término, aún las autoridades no han tomado una decisión.
Recientemente, la ley de retorsión fue reestructurada, con la finalidad de tomar medidas ante acciones discriminatorias contra Panamá.
Panamá enfrenta grandes desafíos en establecer políticas públicas
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hizo un llamado a las autoridades a aprovechar el 2017, último año para establecer políticas de Estado, antes del inicio del próximo periodo electoral.
El gremio indicó que los obstáculos presentados en el 2016 han sido señalados con anterioridad y son ampliamente conocidos, sin embargo, destaca que conviene reflexionar sobre los factores que pueden ser modificados por las autoridades, y sobre los cuales ya se han tomado acciones, con la colaboración del sector privado, a fin de evitar que existan nuevas afectaciones en el futuro.
La Cámara de Comercio destacó que el sector construcción se vio impactado por la baja ejecución del presupuesto de inversión pública, retrasos en los pagos a proveedores y la burocracia en tramitología. Señaló que el sector turismo arrastra la sobreoferta hotelera y los efectos del retraso en el inicio de la campaña internacional de promoción turística.
