BUENAVENTURA, Colombia — Las ciudades construidas alrededor de puertos suelen ser prósperas. No es así en Buenaventura, en la costa del Pacífico de Colombia. Sus cuatro puertos recaudan más ingresos de aduanas que en los de cualquier otra ciudad del país. Aun así, dos tercios de los 400 mil habitantes de Buenaventura son pobres, según mediciones del gobierno. Pocos tienen acceso a tuberías con agua potable o a sistemas de aguas residuales. Hileras de chozas de metal elevadas con pilotes emergen de las orillas del mar. La vegetación devora el único hospital público, el cual carece de equipamiento para realizar incluso operaciones menores.
Las condiciones no mejoran en ningún otro lado de la región del Pacífico. Tres cuartas partes de la fuerza laboral en Tumaco, el segundo puerto más activo del Pacífico, está desempleada. El índice de pobreza en el departamento de Chocó supera el 60 por ciento. Colombia es el único país sudamericano con costas en el Pacífico y el Caribe. Si bien el Caribe atrae turistas y empresas, el Pacífico ha sido una zona que no progresa por su aislamiento.
La corrupción es en parte responsable. Los últimos cuatro alcaldes de Buenaventura, la ciudad más grande la región, están o han estado recientemente en prisión. Sin embargo, el gobierno central en Bogotá carga también con gran parte de la culpa. Desde la independencia en 1810, el gobierno ha invertido en los puertos del Caribe para fomentar el comercio con Europa y los Estados Unidos. El auge del comercio con Asia a partir de los años noventa debió haber enriquecido el Pacífico, pero el gobierno impuso leyes que frustran la construcción de infraestructura y la inversión.
Entre las más importantes (y quizá la menos conocida) está la Ley 70 de 1993, según la cual el 60 por ciento de la tierra de la costa del Pacífico —6 millones de hectáreas— es propiedad colectiva. Colombia decretó esa ley para beneficiar a la población mayormente afrocolombiana de la región. El área fue habitada primero por esclavos fugitivos y luego por esclavos liberados tras la abolición en 1851. La Ley 70 les otorgó a sus descendientes derechos similares a los que tienen los descendientes de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho a formar Consejos Comunitarios que puedan reclamar titularidad de tierras fiscales que hayan ocupado extensamente. A diferencia de las reservas indígenas, estas tierras no pueden ser transferidas a terceros, ni siquiera si la comunidad está de acuerdo. Los prestatarios no pueden ofrecerla como garantía.
Los defensores de la ley afirman que garantiza la preservación del ambiente y la cultura afrocaribeña. Las familias habitan en chozas construidas con madera recolectada en las cercanías, cultivan plátano y coco y cazan iguanas y tortugas. Algunos entierran el cordón umbilical de los bebés para reafirmar su vínculo con la tierra. Juan Camilo Cárdenas, economista de la Universidad de Los Andes en Bogotá, sostiene que las familias de las tierras colectivas no tienen niveles tan altos de pobreza extrema comparadas con otras familias de la región. La titularidad colectiva desalienta la deforestación, la cual ha aumentado drásticamente en otros lugares. Graciano Caicedo, líder de la comunidad del río Yurumanguí, afirma que regresar al estilo de vida previo a la colonización realizada por los blancos haría que los hospitales fuesen innecesarios.
Pero, de cierta forma, la Ley 70 y el derecho relacionado de las comunidades a ser consultadas respecto a los proyectos que las afectan, derivados del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, están frenando el progreso de la gente de la región. Ese efecto ha empeorado gracias a la incapacidad del gobierno de emitir leyes que definan la aplicación de ambos derechos. Eso genera que las tierras sin dueño puedan ser reclamadas por las comunidades. Esa incertidumbre sobre los derechos de propiedad convierte gran parte de la costa en “tierra de nadie”, según Juan Esteban Carranza, gerente de la sucursal de Cali del Banco de la República. Gracias a la ausencia de reglamentos, se llevan a cabo más de 10 mil consultas previas por toda Colombia, una gran parte de ellas en el Pacífico. Perú, también firmante del convenio de la OIT, solo está realizando dos.
