Normativa sobre defraudación fiscal pasa a primer debate

El debate del proyecto de Ley Nº 591 que propone la penalización de la defraudación fiscal, una iniciativa que permitirá blindar al centro financiero así como a las actividades logísticas y de servicios legales de Panamá contra el posible uso de la evasión fiscal y el lavado de dinero, inició hoy en la Asamblea Nacional.

Sabemos que el Proyecto de Ley que penalizar la defraudación fiscal preocupa a comunidad empresarial, pero es un tema de Estado. @ddelaguardia en @asambleapa Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. pic.twitter.com/0WVp0khzCK
— MEF PANAMA (@MEFPANAMA) 26 de abril de 2018

La propuesta establece como delitos aquellos montos que superan los 300 mil dólares dentro de un periodo fiscal, no tiene como fin privar de libertad a nadie en particular y se establece que será el Tribunal Administrativo Tributario, la instancia que referirá los casos al Ministerio Público.

Sobre el tema, el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, señaló que la tipificación de defraudación fiscal como delito es urgente debido a que el incumplimiento de las normas internacionales establecidas conlleva serias consecuencias para una economía basada en servicios legales, financieros y logísticos como la panameña.

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La Recomendación 3 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluye una gama de crímenes fiscales entre los delitos que deben tipificarse como precedentes al blanqueo de capitales.

Aunque Panamá ha adoptado mayoritariamente los estándares internacionales en esta materia, no cumple con la recomendación que requiere que se tipifique el delito fiscal como precedente al blanqueo de capitales.

En 2014, tras la inclusión de Panamá en una “lista gris” de GAFI, la banca nacional perdió relaciones de corresponsalía, lo que provocó que muchos bancos no pudieran realizar transacciones internacionales.

Para salir de esa lista, el Gobierno Nacional y el sector privado lograron aprobar nuevas leyes mediante las cuales se adoptaron la mayoría de los estándares internacionales.

De La Guardia subrayó que la penalización de la defraudación fiscal es controversial, pero que el debate debe hacerse responsablemente, para ser abordado como un tema de Estado.