Con la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 370 que subroga la Ley 58 de 2002 y que establece medidas de retorsión, hace que Panamá pueda adoptar medidas tributarias, incrementos arancelarios, restricción del transporte terrestre, entre otras, ante medidas de discriminación adoptadas por otros países.
Panamá ha mantenido por varios años una disputa comercial con Colombia, ya que ese país impuso aranceles a textiles y calzados provenientes de la Zona Libre de Colón, bajo el pretexto de proteger su industria y luchar contra el contrabando.
Sin embargo, después de que Panamá ganó dos casos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) el cual cataloga como discriminatoria esta medida, el vecino país hasta el momento, no los ha eliminado, lo que provocó que el Gobierno Nacional, por insistencia de los comerciantes, adoptara el aumento de algunos aranceles a productos provenientes principalmente de Colombia y enviara a la Asamblea Nacional este proyecto que reformaba la Ley de Retorsión.
Para Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), lo importante es que ahora el país cuenta con una ley que le permite aplicar las mismas sanciones o restricciones que se apliquen a Panamá.
