El Estado peruano reclama más de 700 millones de dólares (más de 614 millones de euros) a la sociedad concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima, en la que participan las constructoras españolas ACS y FCC, por los retrasos en la puesta en operación del proyecto.
Las autoridades peruanas han presentado una contrademanda ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, en respuesta a la reclamación previa del consorcio contra Perú, según explica ACS en una información sobre resultados de 2018 remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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El primer paso lo dio la sociedad concesionaria en enero de 2017, fecha en la que planteó una solicitud de arbitraje.
