Vicios de inconstitucionalidad y discriminación son las nuevas críticas que surgen en torno al proyecto de ley que aumenta el rango de exoneración del impuesto de bien inmueble a residencias de hasta $120 mil, cuya exención se haría a través del Patrimonio Familiar Tributario (PFT).
Para quienes se oponen al proyecto, no se debió proponer una exoneración para el patrimonio de una familia solamente, era necesario que el beneficio abarcara a propietarios residentes, para que no fuera discriminatorio.
Una de las detractoras de la reglamentación propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la abogada Marta Luna , quien explica que no se incluye a los jóvenes, a los divorciados y viudos que compren o tengan una propiedad.
Sin embargo, Javier Mitre, director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Ingresos (DGI), señaló que el proyecto no tiene vicios discriminatorios y tampoco se está promoviendo que los ciudadanos se casen para que obtengan el beneficio.
El proyecto de ley establece rebaja de impuesto para las propiedades que están fuera del Patrimonio Familiar Tributario.
Por ejemplo, una vivienda, que puede ser de un joven divorciado o jubilado con un costo de 50 mil dólares hoy paga anualmente $350 y si se aprobara el proyecto, pagaría $140.
Asimismo, una vivienda que no es PFT con un valor de 120 mil dólares hoy paga 1,783 anuales y pagará a partir de 2019, 630 dólares.
De igual manera, los propietarios de una residencia de $250 mil hoy pagan $4,573, pero su impuesto podría disminuir $2,970 al tener que pagar $1,540.
Plan
Este año vencen 365 millones de dólares en exoneraciones, es decir, que propiedades pasan a pagar el impuesto, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
Producto de que no se darán nuevas exoneraciones, la base crece y compensa la reducción tributaria.
