El condenar a una persona a diez meses de prisión por el delito de robo de luz es un poco contradictorio, teniendo en cuenta el daño que estas grandes empresas han causado a los artefactos eléctricos de miles de hogares panameños sin siquiera haber sido condenadas.
Así se refirió Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), frente a la sentencia de 10 meses de cárcel interpuesta a un cliente de la Empresa de Distribución de Energía S.A. (Ensa), por el delito de estafa.
Ensa denunció recientemente a este cliente ante las autoridades competentes, las cuales establecieron que el medidor de electricidad asignado al ciudadano fue alterado a través del atraso de las lecturas del mismo.
Acosta destacó que, obviamente, el robo de energía eléctrica es un delito, pero que él ha tenido conocimiento, no de ahora, sino de hace más de 15 años, de personas en áreas de clase social alta y de grandes empresas que han sido detectadas robando luz y nunca han sido condenadas ni encarceladas.
"El robo de luz es una práctica casi deportiva, así como el del agua, con la única diferencia de que esta situación siempre va a reventar por la clase trabajadora del país, a la cual toman de ejemplo, como en este caso, lo que es lamentable, ya que este cliente no será ni el primero ni el último detectado en esta mala práctica", resaltó.
Añadió que aquí en Panamá se han encontrado grandes negocios robando energía eléctrica, ya sea con doble conexión o con cableado por debajo de la tierra y nunca han sido condenadas por esto.
"Todos sabemos los desmanes que cometen y están cometiendo esas empresas a diario por la mala prestación del servicio eléctrico, lo que eso acarrea los daños que se les causan al sistema y a los usuarios cuando se les dañan sus aparatos, y no hay forma de que estas compañías se hagan cargo por los mismos" indicó Acosta.
El presidente de Uncurepa manifestó que estas grandes empresas de distribución eléctrica del país tienen todas las ventajas a su favor, lo que va en detrimento de sus clientes, ya que cuando obtienen estas concesiones, las adecuan para protegerse y vulnerar su responsabilidad cuando causan algún tipo de daño.
Agregó que, incluso, cuando estas grandes empresas se van a arbitraje con algunos clientes, la resolución de los mismos se hace fuera de Panamá, lo que no debería ser si el hecho por el cual se está denunciando fue dentro del territorio nacional, no en el extranjero.
Situación que, según él, pone en desventaja a los clientes panameños frente a estas grandes empresas, ya que por lo general las mismas tienen toda la ventaja de mandar a sus equipos legales y defenderse, algo que para un panameño común es muy difícil.
Destacó que el Gobierno panameño debe volver a revisar los contratos de concesiones con estas grandes empresas de distribución eléctrica para ver como se puede solucionar esta situación.
Claves
El fraude de energía está tipificado en el Código Penal en el Título VI: Delitos contra el Patrimonio Económico, capítulo III, artículos 224 y 225.
Anualmente, según Ensa, deja de facturar aproximadamente 240 mil MWh -energía suficiente para abastecer más de 100 mil viviendas- producto del hurto o fraude de energía, lo que causa un perjuicio económico de más de $38 millones.
Las conexiones ilegales tienen más incidencia en asentamientos informales, áreas en las que en muchos casos resulta inviable brindar el suministro de energía por no contar con tenencia legal de la tierra.
