Luego que se aprobara en tercer debate el contrato entre el Estado panameño y la empresa Banapiña de Panamá, S.A., subsidiario de la transnacional Del Monte, que le permite reactivar la producción de banano en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, hay productores que se oponen a la decisión.
Ada Pinzón, dirigente de los productores en el distrito de Barú, aseguró que el presidente Juan Carlos Varela entregó en bandeja de oro las tierras de Barú a una transnacional.
"El Estado introdujo en el contrato 2,700 títulos privados, expropindo a los dueños, lo cual es inaceptable. El presidente Varela pasó por encima de los productores y nos están quitando el derecho a producir", señaló Pinzón.
Añadió que el contrato tendrá secuelas ambientales, afectando las fuentes hídricas y la biodiversidad, además señaló que se estará despojando de los terrenos a los productores que desde hace varios años cultivan esas tierras, señalaron de entre 800 a mil familias afectadas.
Pinzón agregó que no aceptarán una indemnización por parte del gobierno, porque ellos debieron involucrarlos en el contrato y no quitarles sus tierras.
El contrato establece que Del Monte realizará una inversión que supera los 100 millones de dólares que deben ser efectiva en un plazo no mayor de siete años con una duración de veinte años prorrogables y cuando inicie operaciones generará aproximadamente 3,100 empleos directos y 12,000 empleos indirectos, así como la producción de 900 hectáreas cada año y con una productividad anual promedio de 2,725 cajas de banano por hectárea.
