Productores del sector agropecuario aseguran persecución y amenaza por parte del Gobierno, debido a las denuncias que han realizado por la importación descontrolada de diversos rubros, así como la falta de una política coherente para el sector y la carencia de apoyo para producir alimentos a bajos precios.
La semana pasada, productores de Tierras Altas fueron objeto de operativos por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en fincas específicas pertenecientes a miembros de la Asociación de Productores de Tierras Altas, con la finalidad de verificar el pago del salario mínimo a sus empleados.
Esta acción ha sido catalogada como una persecución a los directivos y miembros de la asociación por no callar lo que está mal en el sector, según los productores.
Javier Pittí, productor de Tierras Altas, señaló que se multó a algunos agricultores hasta por $3,000, cuando el sector agrícola es el más golpeado.
Generalmente, las fincas contratan mayor cantidad de personal durante la siembra de productos por una semana o dos y, posteriormente, quedan con tan solo dos o tres personas para atender el cultivo y esta es una acción conocida por las autoridades, argumenta el agricultor.
Para los productores, lo que genera suspicacia es que desde hace cuatro años no se realiza una acción como esta y que el Mitradel no visitó todas las fincas, sino únicamente las que pertenecen a directivos o socios de la asociación.
Los agricultores de tierras altas de Chiriquí relacionan el periodo en el que se realizan las acciones que consideran persecución.
Posterior a esta acción (operativo del Mitradel) se dio la citación de los directivos a un tribunal para que declararan en cuanto a lo que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) considera una práctica monopolística, al haber bajado el precio de la cebolla a $0.65.
"No podemos atacar al productor porque simplemente hable, ya que la dictadura militar pasó hace muchos años y nadie puede ser objeto de que se le calle por decir la verdad", dijo Pittí.
"Estamos sumamente preocupados porque el Gobierno debe mirar políticas agropecuarias para ayudar al sector a producir comida y no perseguir y quitar ayuda a los productores", dijo.
Más allá de estas acciones, las afectaciones alcanzan incluso la comercialización del producto nacional, por la gran cantidad de importación y la designación de un presupuesto que no responde a las necesidades de las principales entidades ligadas al sector.
Y es que para el próximo año, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), principal regente del sector, solicitó $222.9 millones de dólares, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó la suma de $135.3 millones, es decir, $87.6 millones menos.
Estas cifras son preocupantes para los productores, ya que según ellos, indica que a las autoridades no les interesa con el agro y, por ende, con la seguridad alimentaria del país, la que se pone en riesgo al haber cada vez menos productores sembrando y en función, a pesar de que el presidente Juan Carlos Varela hizo un llamado a volver al agro.
Así mismo, el Instituto de Investigación Agropecuaria (Idiap) solicitó $20,233,371 para el año 2017, sin embargo, se le recomendó la suma de $19 millones 532 mil.
La Cadena de Frío también fue afectada, ya que solicitó en primera instancia la suma de $51 millones, y solo se le recomendó $12 millones.
Ante esta situación, el productor Maximino Díaz señaló que lo único que les preocupa es que no se asignó lo requerido por el Idiap, las demás entidades ligadas al sector pueden cerrar sus puertas si quieren.
"El contacto de los productores con el Mida es prácticamente nulo y la Cadena de Frío es inoperante. En cuanto al IMA, es una institución que se dedica a la importación y venta de productos importados", señaló Díaz.
Los productores se sienten decepcionados ante la postura de las autoridades, que prácticamente le ha dado la espalda al sector.
"Teníamos una expectativa diferente, ya que en Los Santos, el presidente Juan Carlos Varela firmó un acuerdo en plena campaña política, y entre los compromisos figuraba establecer una política para el sector agro, pero no se ha dado el mínimo intento de lograrlo", señaló.
"En lugar de incentivar a los productores, lo que está haciendo el Gobierno es procesarlos legalmente y liquidar este sector", enfatizó el economista Juan Jované.
