El ministro de Economía y Finanzas encargado, Jorge Luis Almengor, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que penaliza a las personas por la práctica ilegal o las operaciones no autorizadas en la transferencia de dineros con una pena de ocho hasta 15 años de prisión.
El documento en mención forma parte parte de los temas que incluyó el Órgano Ejecutivo en la lista de iniciativas que serán tratadas en el período de sesiones extraordinarias.
Almengor explicó que quien realice estas transferencias por sistemas de transmisión de fondos o cualquier otro medio sin estar acreditado debidamente por la autoridad competente podría ser sancionado hasta con quince años de prisión.
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Agregó que el envió de remesas al extranjero solo está regulado en la esfera administrativa y dijo que se necesita establecer los mecanismos para evitar malas prácticas.
La inserción en el Código Penal de la figura del envío o transferencia de fondos o dineros sin tener la autorización pertinente (elevándolo a la calidad de delito), permite que entidades idóneas y con la estructura necesaria para la investigación de delitos financieros como el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, puedan participar y afrontar de forma adecuada este tipo de actividades que tanto daño hacen al país.
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