El cambio en las reglas de juego a los inversionistas por parte de las autoridades es un mal mensaje, según afirman miembros del sector energético, afectados ante la eliminación de incentivos fiscales que se incluye en el proyecto de impuesto de inmueble que crea el patrimonio familiar.
El proyecto de ley 509 del 10 de agosto de 2017 hace una modificación al artículo 764 A del Código Fiscal, al eliminar el tope que tienen las empresas dedicadas a la generación de energía para el pago del impuesto de inmueble.
El Código Fiscal establece actualmente en el artículo 764 A que las edificaciones y demás construcciones permanentes hechas o que se hicieren sobre dichos bienes de propiedad de empresas generadoras pagarán el impuesto de inmueble a las tarifas vigentes de aplicación general, hasta un máximo de $25 mil por año. Señala, además, que este impuesto no se transfiere a los usuarios.
La modificación que incluye el proyecto de ley establece que para aquellos bienes inmuebles que no se encuentren bajo la condición de patrimonio familiar tributario, tributarán de acuerdo a la nueva tabla contenida en el artículo 766A del Código Fiscal.
Por ende, todo bien inmueble destinado al uso o actividades comerciales e industriales y que no constituyan patrimonio familiar deberán tributar conforme a la referida tarifa legal.
Para el experto en derecho tributario, Camilo Valdés, las empresas de generación tienen un incentivo fiscal actualmente y al quitárselo van a tener que pagar más impuesto de inmueble, lo que encerraría el riesgo de que ese aumento pueda ser trasladado al consumidor.
"Cuando eso sucede, por lo general, esos costos adicionales se le trasladan al consumidor final", explicó.
Indicó que la cantidad que tendrán que pagar ahora las empresas generadoras de energía eléctrica va a depender del valor catastral de los inmuebles y sus mejoras, lo que representa una cantidad importante.
Gustavo Bernal, experto en temas de energía, señaló que una planta hidroeléctrica puede costar 4 millones de dólares por megavatios (MW) . "Así, una de 30 MW podría llegar a costar 120 millones".
Destacó que una térmica puede rondar los 2 millones de dólares por MW mientras que las solares están costando alrededor de un millón de dólares por MW.
Bernal coincide con los demás expertos en que esta situación va afectar el costo de la energía en Panamá.
Sin embargo, Pastor Cabrera, especialista en temas energéticos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), va más allá en las implicaciones que tendría la eliminación del incentivo a las empresas generadoras, ya que destacó que está en juego el tema de la estabilidad jurídica.
"Si atraes a inversionistas y les presentas la ley de energía, incentivos, y luego la administración presidencial que sigue cambia todo, eso deja mala señal", dijo.
Explicó que un sistema que cambia de administración en administración, no es estable jurídicamente hablando.
Cabrera destacó que los inversionistas no es que van a dejar de venir al país, sino que van a venir, pero con condiciones más drásticas.
Por ejemplo, citó que podrían decir que ya no están conformes con vender la electricidad a 10 centavos, sino a 11 centavos, porque en Panamá les cambian las reglas todos los años y el cliente final es el que termina pagando las incertidumbres que generan estos cambios de regla de administración en administración.
"Las inversiones en electricidad son de larga maduración, no se puede pretender que van a recuperar toda su inversión en un periodo presidencial, y esos son los mensajes que estamos mandando ahorita", señaló,
"Tratar de recuperar todo el proyecto en una sola administración presidencial hace que todo se encarezca", explicó Cabrera.
Posición empresarial
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Severo Sousa, destacó que cualquier cambio en las reglas del juego establecidas y por las cuales se realizó una inversión, afecta directamente al desarrollo de la inversión y, por consiguiente, su situación contractual, sus costos y operación, lo cual muchas veces se refleja en incrementos a los precios de los servicios.
Las zonas francas, también se ven afectadas.
Mediante un comunicado, la Asociación de Zonas Francas señaló su oposición a utilizar el régimen de zonas francas como medio compensatorio o renta sustitutiva.
Datos
4 millones por MW costaría una planta hidroeléctrica, según expertos.
764 es el artículo que se modificó y cambia las reglas del juego a empresas eléctricas.
