La debilidad institucional ha hecho que los recursos que genera la industria minera panameña no lleguen a los moradores de los pueblos en donde se desarrolla este tipo de actividad.
Uno de estos casos está sucediendo en el distrito de Donoso, en Colón, en el que la empresa Minera Panamá ha pagado unos 20 millones de dólares en permisos de construcción, pero estos recursos no se ven reflejados en el crecimiento económico de esta comunidad.
Así lo manifestó Zorel Morales, presidente de la Cámara Minera Panameña (Camipa).
Ante esto, el presidente de Camipa insistió en la necesidad de crear un ente que regule la actividad minera y el dinero que esta genera para que no se dé este tipo de situaciones.
"Quién va a supervisar la actividad minera si el organismo que rige la minería en Panamá es un dirección de quinta categoría en un ministerio multisectorial, como el Ministerio de Comercio e Industria (Mici)", agregó Morales.
El empresario destacó que lo más interesante es que el Mici tiene que ver con diferentes sectores de la economía, y la minería es una actividad más.
Sin embargo, fue claro al señalar que esta actividad se va a convertir en una de las más importantes del país cuando entre en operación la mina de Donoso.
En los próximos dos años, el sector de la minería en Panamá aportará más del 9.5% del producto interno bruto (PIB) del país, al iniciar la explotación de un yacimiento de cobre, según destaca Camipa.
"El sector minero aporta actualmente un 2.5% a la economía del país, pero cuando la empresa Minera Panamá empiece a operar en dos años (la mina de cobre), aportará un 7%", lo que hará que el sector genere más del 9.5% del producto interno bruto (PIB)", manifestó Morales.
Morales explicó que ese yacimiento cuenta con una reserva de alrededor de 11.3 millones de toneladas de cobre, de las que se exportarán 350 mil toneladas al año, que representan 2,000 millones del dólares para el PIB del país.
Comparó que esa infraestructura tiene un costo de 6,400 millones de dólares, superando al de la ampliación del Canal de Panamá inaugurada en junio pasado, que hasta el momento su inversión se registra en $5,450 millones.
En Panamá hay otros territorios que cuentan con una riqueza minera capaz de generar suficientes ingresos, destacó Morales, como el caso de Cerro Colorado, en la comarca Ngäbe-Buglé, considerado como el yacimiento de cobre más grande del país, pero cuya explotación está descartada por ahora.
"Esta mina podría generar alrededor de 5,000 millones de dólares anuales, más que los ingresos del Canal", apuntó.
Otro proyecto que mencionó es la minera Cerro Quema, en la provincia central de Los Santos, que espera la aprobación del estudio de impacto ambiental por el Ministerio de Ambiente de Panamá para iniciar su construcción.
"En esa área será posible extraer 700 mil onzas de oro", dijo Morales.
Para Olmedo Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, esta situación de la debilidad institucional es producto de la pésima distribución de los beneficios que generan los recursos naturales del país.
"Estos beneficios que pagan estas grandes empresas en impuestos deben verse reflejados en salud, educación, carreteras y viviendas", dijo Estrada.
Panamá debe contar con autoridad que regule a la actividad minera
Zorel Morales, presidente de la Cámara Minera Panameña (Camipa), destacó que es vital la creación de un ente para supervisar esta actividad. Morales destacó que no están hablando de un ministerio, porque este en el fondo es más político que técnico, y lo que se quiere es una entidad técnica para regular de una mejor manera la minería.
“En Panamá ya tenemos experiencias con autoridades, como la del Canal de la Panamá y la antigua Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), las cuales no han hecho un mal trabajo. La Camipa, creada en el año de 1990, es una organización empresarial que agrupa a compañías nacionales y extranjeras del sector minero metálico y de agregados de construcción, las cuales realizan esta actividad a nivel nacional. La actividad minera en Panamá enfrenta el rechazo de diversos grupos ambientalistas y las etnias aborígenes de todo el país, que han logrado que se prohíba su práctica en las diversas comunidades indígenas.
