Miembros de la embarcación John Paul Dejoria, de la ONG conservacionista Sea Shepherd, manifestaron hoy a Acan-Efe que acatarán la expulsión de aguas panameñas, aunque estudian denunciar a los pescadores que los enfrentaron y abordaron en una zona restringida, cerca del Parque Nacional Coiba.
El barco pintado con colores de camuflaje azul y con bandera barbadiense, que aún se encuentra anclado en un muelle de Amador en Panamá, tuvo un altercado con pescadores el pasado 28 de junio cuando se encontraba documentando las actividades en la zona marina.
"Si ellos (pescadores) nos van a demandar, nosotros también lo haremos, dado que nos embistieron cuando estábamos estáticos en el mar, y además porque nos han acusado de portar armas, cuando lo único que teníamos para defendernos era nuestras cámaras", explicó a Acan-Efe el primer oficial del barco, el español Antonio Sueiras.
El navegante relató que cuando cruzaron hacia los límites del parque y observaron a un grupo de pesqueros con redes en el agua se acercaron para ver que tipos de especies pescaban con la intención de documentarlo, pero el Sea Shepherd quedo inmovilizada al enredarse con las mallas de pesca.
"Cuando decidimos salir de la zona, algunos de los barcos que se encontraban en el lugar nos increparon por la radio y uno de ellos nos abordo y embistió en el costado de babor", agregó Suerias, que además preciso que eran siete los botes entre embarcaciones de pesca industrial y deportiva.
Ante la situación, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) acogió la queja de los pescadores, y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) decidió investigar el caso.
En un comunicado del pasado 3 de julio la ARAP indicó que rechazaban cualquier tipo de intervención, monitoreo y fiscalización por parte de naves extranjeras a embarcaciones nacionales en aguas jurisdiccionales.
El 7 de julio la AMP decidió emitir la orden de expulsión del Sea Shepherd del país por supuestamente violar el permiso de navegación "de placer" que le expidió en abril.
Sobre el pronunciamiento de las autoridades, Sueiras reiteró que le han pedido a las autoridades respuestas sobre el permiso, dado que exponen que ellos hacían fotos, actividad que consideran recreativa.
El oficial dijo que la embarcación que dirige lleva a cabo la campaña de vigilancia "Operación Treasured Islands", la cual busca la conservación de las islas situadas a lo largo del Corredor Galápagos, considerado uno de los ecosistemas más ricos del planeta.
"Nuestra intención es documentar poblaciones de especies marinas, y si en el camino nos encontramos con alguna actividad extraña, tomamos fotografías y vídeos, obtenemos datos de embarcaciones y la reportamos a las autoridades que son los que tienen que determinar si la actividad es legal y ilegal", comentó.
Además, el activista manifestó que sabe que las autoridades y ministerios a veces no cuentan con los recursos necesarios para hacer vigilancia en sus zonas marítimas, y que una organización extranjera denuncie actividades ilegales puede ser incomodo para ellos.
"Nuestra intención no es llevar ninguna función que le corresponda a las autoridades locales, solamente denunciamos algo que creemos que pueda ser ilegal, tampoco definimos donde se puede pescar", argumentó el portavoz de la embarcación.
Ahora, la tripulación del navío esperará esta semana hasta que se culminen las reparaciones del bote para salir del país, una vez finalizadas serán escoltados por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) hacia aguas internacionales.
El Parque Nacional Coiba (270,125 hectáreas), que alberga la isla más grande del Pacífico centroamericano (493 kilómetros cuadrados) y es un área declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco (2005), cuenta con zonas donde no está permitida la pesca.
También implementa un Plan de Manejo para la Protección y Ordenamiento de Coiba de 2009 en la que se reglamenta la pesca artesanal y deportiva en áreas más lejanas, así como las especies que se pueden capturar y el tipo de herramientas permitidas.
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Autor
Panamá/ACAN-EFE
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