El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) expresó su preocupación por la situación que atraviesa la compañía Minera Panamá, desarrollador actual del Proyecto Cobre Panamá, en cuanto al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato Ley 9 de 1997.
Mediante un comunicado, el Sip indica que la acción jurídica, no solo afecta a la empresa que ha realizado una de las inversiones más grandes del país, con más de 6 mil millones de dólares, sino también atenta contra los miles de trabajadores y familias que dependen de esta actividad, los 1,400 proveedores y contratistas de distintos sectores, así como las inversiones realizadas para el beneficio de las comunidades en los alrededores del proyecto; crea también un precedente negativo en materia de inversión y seguridad jurídica en el País.
"Para el año 2019, se estima que Minera Panamá, con un avance hoy día de un 83%, inicie la etapa de producción y exportación de cobre, con proyecciones de 2 mil millones de dólares en exportaciones y un incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) de un 3%, puede constituirse como un motor de crecimiento de la economía; por lo que como gremio, nos preocupa grandemente, las afectaciones que pueden conllevar a una inestabilidad socioeconómica, producto de este fallo", advirtió.
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El SIP considera por lo antes expuesto y por la seguridad jurídica y el bienestar de todos los que aportan en este proyecto, se respete el Contrato de Concesión, mediante el cual se sentaron las bases claras y que impere el buen criterio de la Corte Suprema de Justicia para que con sentido de urgencia, realice una clarificación sobre el fallo, de manera que Minera Panamá salga del vacío legal en que se encuentra y de que nuestro País se vea fortalecido garantizando la seguridad y certeza de las inversiones.
