Mientras que para los empresarios la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 475, que aumenta las multas a quienes contraten mano de obra extranjera sin permiso de trabajo, da pie para un proceso de inclusión de mayor cantidad de mano de obra capacitada, para los trabajadores la norma es insuficiente.
El proyecto aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional establece que toda empresa o comercio que contrate migrantes informales será sancionado con multas por cada trabajador en condición de ilegalidad; en primera instancia con $500, la segunda vez con $1,000 y por tercera vez con $10 mil, sin entrar a considerar la cantidad de trabajadores extranjeros.
Actualmente, el artículo 20 del Código de Trabajo establece multas que van desde $50 a $500 para los infractores, lo que es considerado irrisorio para las autoridades.
Eduardo Gil, de Convergencia Sindical, señaló que la ley puede en cierta forma ayudar a minimizar esa tendencia del sector empresarial de querer abaratar el costo de mano de obra a través de la contratación ilegal de trabajadores inmigrantes.
"Sin embargo, consideramos que lo que hace falta es una política migratoria en el tema laboral que encierre varios factores además de las sanciones, una evaluación del mercado laboral en cuanto a las necesidades del mercado y también una política que integre medidas de protección a migrantes", dijo.
El ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, señaló que hay un aproximado de 153 empresas a las que ha multado dos y tres veces por contratar empleados extranjeros de manera ilegal.
Destacó que en los próximos días publicará una lista de empresas que fueron multadas por mantener trabajadores migrantes sin permiso laboral y agotadas todas las instancias se rehusaron a pagar la multa correspondiente.
Señaló que las multas son irrisorias y que con la puesta en vigencia del proyecto de ley que modifica y adiciona un artículo al Código de Trabajo, los empresarios pensarán hacer este tipo de contrataciones.
Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá y expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra, indicó que el problema hay que dividirlo en dos, la real necesidad de una empresa de contratar personal toda vez que no consigue personal idóneo panameño y la segunda es cuando hay empresas inescrupulosas que para ahorrarse unos reales en sus costos contratan personas extranjeras sin documentos legales.
Severo Sousa, presidente actual del Conep, indicó que no pueden estar de acuerdo en que se hagan procesos ilegales, pero también esto da pie a que se inicie un proceso de inclusión de necesidades de mano de obra.
Datos
Julio De La Lastra señaló que el incremento de sanciones lo ve positivo en el caso de empresas que contratan personal extranjero de manera ilegal, ya que “hay que identificar y sancionar a las empresas que violentan los acuerdos pactados porque hay profesiones que solo son para panameños y no están respetando esa cuota.
“En Panamá hablamos de desempleo, pero el problema es que muchas veces el personal no está debidamente capacitado o no tiene la voluntad para desempeñar el trabajo y es allí donde debe haber comunicación entre autoridades y empresas”, dijo.
