La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, a través de una subcomisión, continuó con el análisis del Proyecto de Ley 287, que establece moratoria en las concesiones de centrales hidroeléctricas en la provincia de Chiriquí.
El diputado presidente de esta subcomisión, Quibián Panay, afirmó que la subcomisión continuará recabando información sobre la realidad de las concesiones de las hidroeléctricas en la provincia de Chiriquí. “Nosotros haremos nuestras recomendaciones para presentárselas a la comisión y ver que se puede establecer”, dijo el diputado.
Panay lamentó que una hidroeléctrica pague la misma cantidad de dinero que un acueducto rural y eso no tiene sentido debido a que ellos utilizan el recurso hídrico para generar electricidad y obtener recursos económicos importantes.
Manifestó que hay muchas leyes que existen, pero es necesario tomar más medidas para que se implementen. Aclaró que las quejas no solo vienen de ambientalistas, sino de la comunidad en general que le preocupa el impacto negativo que desencadena no planificar en debida forma cuando se construyen hidroeléctricas.
La subcomisión está conformada por los diputados Quibián Panay, Adolfo Valderrama, Néstor Guardia, Absalón Herrera, Melitón Arrocha, Salvador Real y Fernando Carrillo.
El artículo 2 del proyecto de ley establece que durante el tiempo de moratoria que establece el Órgano Ejecutivo conformará una comisión investigadora encargada de elaborar una política encomiable para aplicarse en este tipo de concesión y promover ante la Asamblea Nacional una nueva legislación al respecto.
La diputada proponente de esta iniciativa legislativa, Athenas Athanasiadis, indicó que la situación de las concesiones hidroeléctricas en todo el país, en particular en la provincia de Chiriquí, ha preocupado a la población en general, que tiene conciencia en cuanto a la necesidad de preservar el medio ambiente y, más que nada, el recurso hídrico.
Durante este análisis, realizado en las instalaciones de la comisión, participaron el director de la Autoridad de los Servicios Públicos, Roberto Meana; el secretario nacional de Energía, Víctor Urrutia, ambientalistas y organizaciones no gubernamentales.
El director de la Autoridad de Servicios Públicos, Roberto Meana, expresó que es necesario que se ajusten otros cuerpos de ley que permitan una mejor vigilancia de las cuencas y que los ríos sean debidamente utilizados, primero para consumo humano, después en temas industriales y agrícolas.
Sostuvo, además, que los estudios de impacto ambiental y las normas ambientales establecen obligaciones de cómo deben ser las reforestaciones y las tierras que sean afectadas por una construcción para que vuelvan a ser productivas. “Esta es una moratoria que establece que no se haga nada en los ríos”, señaló el funcionario.
El proyecto promueve una profunda investigación antes de entregar una concesión hidroeléctrica. Athanasiadis dijo que las quejas no solo vienen de ambientalistas, sino de la comunidad en general que le preocupa el impacto negativo que desencadena no planificar en debida forma cuando se construyen hidroeléctricas.
Para efectos de la ley se entenderá por permisos y concesiones las centrales hidroeléctricas de hasta 10 MW, las centrales hidroeléctricas pequeñas de hasta 20 MW y las centrales hidroeléctricas de mayores de 20 MW.
Categoría
- Inicie sesión para enviar comentarios
old id
1040764
Autor
Redacción/ PanamaAmerica
Fecha y hora de publicación
Últimas noticias
