La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por años ha gozado de una buena reputación, sin embargo, hoy es objeto de reiteradas denuncias en su contra por situaciones como una posible externalización de los servicios de remolcadores, que pudiera afectar la mano de obra panameña, la construcción del puerto de Corozal con mayores beneficios para el sector privado que para el país, entre otras.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, señaló que tomando en cuenta estas denuncias, se percibe poca transparencia por parte de esta entidad que administra el Canal.
De acuerdo con el jurista, las empresas precalificadas para la construcción del puerto de Corozal no entregaron sus propuestas económicas, porque el comercio mundial está en receso y lo más seguro es que ellos van a presionar a la ACP para lograr condiciones más favorables.
"Si en este momento las propuestas no favorecen al país, las próximas tampoco, por lo que la junta directiva de la ACP está entregada a los intereses transnacionales y no a los nacionales", expresó.
Álvarez cuestionó que la ACP tenga entre sus prioridades querer manejar puertos, cuando la legislación panameña establece que esa actividad debe ser ejecutada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
"En lo personal, pienso que las autoridades que dirigen el Canal piensan que están por encima de nosotros. Ellos actúan como si fueran una república independiente a Panamá, que nadie los puede cuestionar ni rendir informe", manifestó.
Agregó que el Colegio Nacional de Abogados presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por la posible violación de los derechos humanos a los residentes que viven cerca del proyecto.
La ACP señaló que sigue "con su responsabilidad constitucional de buscar una operación cada día más rentable, a través de una estrategia de desarrollo comercial que genere condiciones para el beneficio del país".
A medida que el tiempo pasaba se intensificó la ofensiva legal hasta acumular 25 denuncias presentadas contra acciones relacionadas con el proyecto portuario.
El proyecto atrajo el interés de más de 10 operadores portuarios internacionales y finalmente fueron precalificados cuatro: AMP Terminal B.V. (Holanda), Terminal Link (Francia), PSA International Pte., Ltd (Singapur) y Terminal Invesment Limiter S.A. (Holanda).
Privatización de servicios
El sindicato de trabajadores de la ACP denunció la posible externalización de algunos servicios como los remolcadores, algo que ellos consideran como una privatización.
Los trabajadores indican que la entidad no ha hecho las inversiones en equipo y recurso humano suficiente, con la finalidad de darle este beneficio a compañías por un monto de $7 millones.
No obstante, la ACP afirma que durante las pasadas cuatro décadas el Canal de Panamá ha contratado los servicios de remolcadores comerciales para asistir a buques en las entradas de mar hacia las esclusas .
Para el economista Juan Jované esta disputa entre los trabajadores y la administración de la vía acuática deja la imagen de la institución y del país muy mal.
"El Canal es como la vitrina de Panamá, quizá lo que más se conoce en el exterior, y estas confrontaciones llaman la atención y dejan dudas sobre la transparencia de la ACP, lo que en este momento agrava la imagen del país, tomando en cuenta todos los problemas que hemos venido sufriendo", señaló.
Indicó que este conflicto podría traer efectos como el que Panamá se vea como un país riesgoso, un país con problemas de definición de su transparencia y puede afectar las inversiones y la entrada de capital hacia el país.
A juicio del economista Olmedo Estrada, el problema no es que se contrate a otra empresa para que apoye en el trabajo que realizan los trabajadores del sindicato, sino la manera como se lleva esa contratación, lo que puede dar pie a irregularidades
Rodolfo Sabonge, exvicepresidente de Planificación del Canal de Panamá, piensa todo lo contrario y señala que la ACP siempre ha optado por contratar servicios de remolque a la empresa privada, cuando su flota no es suficiente para satisfacer la demanda. Eso no es nada nuevo.
"Si hay algún malentendido entre administración y sindicatos, creo que la ACP cuenta con un régimen laboral especial para llegar a un entendimiento", manifestó.
25
denuncias presentadas contra acciones relacionadas con el proyecto del puerto de Corozal.
$7
millones asciende el contrato que otorgó la ACP a una empresa privada.
