La Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep), por medio de su abogado, Carlos Herrera Morán, interpuso ayer una queja administrativa en la Procuraduría General de la Administración (PGA) contra la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, por supuesta "infracción de sus deberes públicos".
La acción legal responde a la falta de respuestas por parte del Gobierno a la solicitud de los colegios particulares sobre las alternativas que ayuden a absorber los impactos negativos producidos por los acuerdos inconsultos de fin de huelga con docentes del sector oficial.
Según el representante legal de la Uncep, la ministra Paredes ha incurrido en silencio administrativo en relación con la comunicación escrita que Uncep le ha enviado a su despacho en diversas ocasiones.
El gremio ha enviado a la funcionaria denunciada comunicaciones escritas desde el 18 de julio de 2016 y reiterada en memoriales escritos de 15 de febrero, 15 de marzo, 7 de abril, 16 de junio y 26 de junio de 2017, pero no se les ha brindado una repuesta.
En los comunicados, la Uncep se ha referido a la falta de capacidad que viven los colegios particulares para asumir el incremento salarial de los maestros y profesores en el año escolar 2017.
Asimismo, ha propuesto alternativas al problema del incremento salarial de los educadores para que los colegios particulares puedan seguir operando con estabilidad y no se vean obligados a cerrar sus puertas.
Los dueños de colegios particulares aseguran estar en indefensión al no poder responder a las obligaciones laborales vigentes, lo que pone en riesgo las fuentes de empleo, la estabilidad de las escuelas y su posibilidad de continuar siendo una alternativa de oferta educativa para los padres de familia y sus acudidos.
De hecho, ya varios padres de familia han tenido que optar por cambiar a sus hijos de las escuelas particulares para las públicas al no poder costear los aumentos en la matrícula.
La vicepresidenta de la Uncep, Katya Echeverría, informó a Panamá América que aunque no querían, han tenido que tomar acciones legales. "Sentimos que la situación es tan delicada que se necesita la intervención".
Por el momento, todos los colegios particulares se encuentran revisando la normativa y, de acuerdo a eso, tendrán que hacer las implementaciones para asumir la equiparación salarial.
El ajuste salarial de $300 se hizo efectivo desde el pasado 1 de julio de 2017, por lo que el próximo 15 de julio se les deberá pagar el aumento a los docentes.
Sin embargo, la realidad es que hay una gran cantidad de centros educativos particulares que aun queriendo cumplir con la ley se les va a dificultar porque los montos son muy elevados y no están contemplados dentro de sus posibilidades económicas.
Echeverría explicó que en caso de que los colegios no puedan afrontar los costos, irán cerrando o tendrán que hacer aumentos para el próximo año como medida de contingencia y poder continuar operando.
Por su parte, el Ministerio de Educación les ha comunicado a las escuelas particulares que no les pagará un subsidio, ya que no lo consideran viable por tratarse de una empresa privada.
Los centros educativos particulares atienden a una población de 152 mil estudiantes.
Colegios particulares no resisten un aumento más, según Carlos Morán
El abogado Carlos Herrera Morán resaltó que la ministra ha sido indiferente ante las solicitudes y alternativas que han planteado los colegios particulares.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece el “Derecho de Petición” que tienen los panameños, en los términos siguientes: “Artículo 41. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.
El servidor público, ante quien se presente una petición, consulta o queja, deberá resolver dentro del término de treinta días. La ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta norma.”
Tomando en cuenta lo anterior, le solicitan al procurador de la administración, que previos los trámites legales de que trata la Ley 38 de 31 de julio de 2000, se le imponga a la ministra de Educación la sanción que en derecho corresponde.
