El futuro de la producción nacional está en manos del presidente de la república, Juan Carlos Varela, depende de si sanciona o veta la modificación a la ley de Aupsa, según señalan productores.
Varela, tendrá que elegir entre seguir haciéndole daño al sector productivo y optar por proteger el negocio a unos cuantos empresarios, que se dedican a la importación, o defender la seguridad alimentaria.
El panorama es completamente incierto y tomando en cuenta los antecedentes pareciera que el Gobierno una vez más no protegerá a los productores. Y es que mientras que los productores panameños de arroz se declaran en quiebra, el Gobierno de Panamá, encabezado por Juan Carlos Varela, decidió salvar la producción de este grano en Guyana.
La información de la compra masiva de arroz a Guyana ha sido restringida por el gobierno de Varela, pero en Guyana el Ministerio de Agricultura ha hecho públicos datos importantes del acuerdo de exportación del grano a Panamá.
El convenio que Panamá firmó con Guyana para la importación masiva de arroz fue prioridad dentro de los primeros días de Juan Carlos Varela como presidente. No hubo consultas a los productores, solo el apremio de importar a Panamá miles de toneladas de arroz sin ningún tipo de justificación.
Desde entonces, Panamá importa más de 5,000 toneladas de arroz de Guyana, según ha declarado el Ministerio de Agricultura del país suramericano.
La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá solicitó esta semana al mandatario, mediante una nota enviada el 25 de mayo pasado, que vete parcialmente la ley que modifica la normativa de la Autoridad Panameña de Alimentos (Aupsa).
Hasta la fecha, Varela ha hecho caso omiso a la solicitud de los productores, quienes le han indicado que si quiere defender la seguridad alimentaria, debe sancionar la norma.
Javier Pittí, vicepresidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, señaló que la Cámara de Comercio se debe a los importadores, quienes están haciendo fracasar al sector agropecuario.
"Hay producto nacional suficiente para abastecer a todo el país, como es el caso de la papa, pero lo que ocurre es que el precio del producto tiende a bajar porque están introduciendo el rubro importado en tiempo de cosecha", dijo.
Pittí indicó que sería drástico que el presidente escuche a los importadores porque no estaría protegiendo al productor nacional.
"Este gobierno se acaba en dos años y esperamos que en ese tiempo no se acabe de arruinar al sector agro", enfatizó.
Por su parte, Augusto Jiménez, vocero de la Asociación de Productores de Tierras Altas, señaló que el mandatario tendrá que elegir entre proteger a cuatro millones de consumidores y miles de productores o mantenerle el negocio a un grupo mínimo de comerciantes allegados al Gobierno y que patrocinan las campañas políticas.
"Si el presidente Varela hace caso y veta parcialmente la ley, yo en lo personal me alejaría de esta lucha y Panamá quedaría subordinada a los comerciantes en detrimento de toda la población", manifestó Jiménez.
"Qué triste cuando tenemos a un presidente que está sujeto a las directrices de grupos privilegiados, allegados al poder", destacó.
Indicó que de darse el veto a la ley, sugiere que cierren el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y todas las entidades del sector y dedicarse a otras actividades, ya que el problema no son las importaciones, sino la violación a los tratados internacionales en materia de calidad de importación.
Nodier Díaz, secretario general de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá, señaló que esto es muy peligroso, ya que están jugando con la salud del pueblo, al no haber ningún tipo de control con las importaciones.
