El Confabulario
El Confabulario – 10 de diciembre de 2013
La procuradora general de la nación, Ana Belfon, negó que el proyecto de ley 651, contra la delincuencia organizada, sea utilizado como herramienta para permitir abusos por parte de la Policía Nacional y demás unidades de la Fuerza Pública.
Belfon, en una entrevista a KW Continente, dijo que es totalmente falso lo que se está informando a la opinión pública referente a uno de los artículos que busca impulsar este documento que establece reformas a los Códigos Penal y Judicial.
Desde la presentación de la propuesta ante el Pleno, han surgido versiones que cuestionan dicha iniciativa legislativa, argumentando que el documento es una herramienta que pretende aprobar el Gobierno para darle mayores poderes a la Fuerza Pública.
Por esta razón, la procuradora Ana Belfon reaccionó y le respondió a los detractores del proyecto de ley 651 que los artículos a los que se ha hecho alusión han sido sacados de contexto.
La jefa del Ministerio Público calificó estas versiones en contra del proyecto como información distorsionada, producto de un análisis equivocado de los artículos 387 y 388 del proyecto de ley contra la delincuencia organizada.
Explicó que el verdadero propósito de estas reformas es la implementación de herramientas legales para evitar que personeros del crimen organizado entorpezcan la labor que hacen las autoridades en las investigaciones de casos de altos perfil relacionados con la delincuencia organizada.
“A lo que realmente alude el proyecto es evitar que exista la intimidación contra los funcionarios judiciales, los peritos, testigos y obviamente a las unidades de la Policía Nacional que participan en la persecución de estos delitos”, destacó la procuradora Belfon.
Detalló que se trata de procesos relacionados con delitos como narcotráfico, terrorismo, explotación sexual, secuestros, extorsión, y homicidio.
Modificaciones
La procuradora Belfon reconoció que si el documento establece algún grado de confusión que pudiera generar estos comentarios en contra de dichas reformas, dentro del Pleno existe el escenario para realizar las modificaciones.
Los detractores de la ley comentan que la confusión se establece en el artículo 388, el cual señala pena de hasta 12 años de prisión contra quienes, con el uso de la fuerza física o intimidación, amenacen a testigos, peritos, jueces, fiscales o agentes de la fuerza pública, el cual no explica que se trata de un proceso contra el crimen organizado.
Mientras, el artículo anterior es más explícito al establecer que la sanción debe ser dentro de un proceso relacionado con el crimen organizado, sin embargo, la sanción que se establece es distinta, con pena de prisión que va de cuatro a seis años.
Se conoció que, en ese sentido, el Ministerio Público presentará modificaciones que pudiera ser la eliminación de este polémico artículo 388.
Homologación
Este proyecto de ley forma parte de los acuerdos del Sistema Integrando de Centroamérica (Sica), que buscan que los países de la región tengan una homologación en las leyes relacionados con la persecución del crimen organizado.
El documento establece los delitos que están en el marco del crimen organizado en el que se incluyen los casos de hurto y robo de autos, y los casos de lavado de dinero relacionados con esta actividad delictiva.
En el proyecto se tipifica dentro del Código Penal el delito de sicariato, el cual es calificado como homicidio por encargo; se establece aumentos de penas que van de 28 a 30 años de prisión, incluyendo al autor intelectual del hecho.
Por los casos de homicidio, la pena mínima que fija el proyecto es de 20 a 25 años de prisión.
