El Confabulario
El Confabulario – 11 de septiembre de 2013
Expediente
- Imputados
- El Ministerio Público formuló cargos contra nueve personas, siete panameños y dos dominicanos.
- Vista Fiscal
- En el resultado de las investigaciones se logró establecer un sobreseimiento provisional a dos de los imputados y se solicitó llamamiento a juicio contra los otros siete.
- Situación judicial
- Cinco de los imputados tienen detención preventiva y los otros dos gozan de medida cautelar.
Luego de dos años del macabro hallazgo de los cinco jóvenes de origen asiático que fueron secuestrados y luego asesinados en La Chorrera, familiares de las víctimas consideran que la justicia en este caso es dilatoria.
Balbino Rivas, abogado querellante que representa a familiares de las víctimas, considera que a estas alturas todavía no se ha fijado fecha de audiencia para establecer el grado de responsabilidad de los involucrados en este caso.
De acuerdo con Rivas, desde un principio, cuando se dieron las dos primeras desapariciones, se demostró la marcada negligencia por parte de las autoridades en las investigaciones.
Indicó que no es justificable que hayan pasado dos años desde que se dieron los hallazgos y que todavía no haya una sentencia contra los responsables de los asesinatos de estos jóvenes.
Rivas todavía es de la idea de que el Ministerio Público tuvo que someter a los rigores de la declaración indagatoria a miembros de la Policía Nacional.
Sin embargo, la Fiscalía en su vista remitida ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia estableció que no encontraron elementos contundentes para establecer la responsabilidad directa de miembros de la institución policial en este expediente.
La posición de la querella, pese a que no se pudo acreditar la responsabilidad penal de los uniformados en este caso, logró establecer que hubo un marcado descuido por parte de los uniformados en la fase de la investigación preliminar.
Puso como ejemplo el tema del localizador del celular de uno de los muchachos que había desaparecido un año antes de que se dieran los hallazgos.
Indicó que a pesar de que el teléfono marcaba en la misma residencia, las autoridades no tomaron carta en el asunto de manera oportuna y después el aparato celular fue desconectado.
Por estas razones es que la familia de los ciudadanos asiáticos interpusieron una demanda civil ante la Corte Suprema de Justicia contra el Estado, a través de la Policía Nacional, por la negligencia marcada durante la fase inicial de estas investigaciones.
