El Confabulario – 14 de julio de 2013

La auditoría ordenada a los despachos judiciales del Ministerio Público en la provincia de Chiriquí reveló un desgreño administrativo que va desde evidencias no entregadas a los tribunales hasta filtración de información a bandas criminales.

Los informes preliminares levantados por la Secretaría de Auditoría del Ministerio Público indican que se encontró en los despachos judiciales un sinnúmero de evidencias que datan desde el año 2004, que nunca fueron enviadas a los tribunales, junto con los expedientes y otras que se desconoce a qué casos corresponden.

Aunado a esta irregularidad se encontró una docena de expedientes sin tramitar, por lo que se investiga la posibilidad de que funcionarios judiciales estén suministrando información confidencial de los expedientes a las partes y a miembros de pandillas.

Se evidenciaron prácticas nocivas por parte de secretarios, que consistían en notificarle a los abogados cuándo iban a efectuar allanamientos y la utilización de equipo informático para tareas ajenas a la institución.

En días pasados, la procuradora Ana Belfon advirtió que se procedería a sancionar y hasta destituir a los funcionarios involucrados en estos actos de presunta corrupción, sin importar la jerarquía del puesto.