El Confabulario – 16 de enero de 2013

Unos 2 mil 300 establecimientos de expendios de bebidas alcohólicas a nivel nacional incumplen con la Ley 5 de 11 de enero de 2007, la cual actualmente está siendo modificada en el pleno de la Asamblea Nacional.

Esta cantidad de negocios que no cumplen con la norma se desprende de un total de 2 mil 500 establecimientos inspeccionados el año pasado, según indica un informe presentado hasta noviembre por el ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

Los negocios que incumplieron continúan operando, explicó el director nacional de Comercio, Virgilio Sousa, debido a que aún el ministerio no cuenta con la autonomía para poderlos cerrar provisionalmente.

Sin embargo, ayer el proyecto 513, que busca modificar la Ley 5 para darle dicha autonomía al Mici, fue aprobado en segundo debate con los votos de la bancada oficialista.

No obstante, al proyecto se le excluyó el artículo 15, que contemplaba que los comercios que fueron creados en 1973 y que todavía existen debían ser removidos si se encuentran dentro de alguna zona residencial o cerca de una iglesia, escuela u hospital.

Esta decisión se tomó debido a que la ley es de carácter social y, como tal, tiene efectos retroactivos.

Ante esto, el diputado opositor Adolfo Valderrama recalcó que en la actualidad hay bares que se encuentran ubicados a menos de 500 metros de los centros escolares e iglesias, por eso no podría establecerse que esa sanción fuera retroactiva.

Fue mediante un acuerdo entre Valderrama, el ministro de Comercio, Ricardo Quijano, y el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, que se decidió eliminar el polémico artículo.

Quijano, por su parte, indicó que la próxima semana el ministerio iniciará las inspecciones que se suspendieron en diciembre por las festividades del mes. Agregó que actualmente la entidad cuenta con unos 58 inspectores y se programa contratar más.

Pero mientras se aprobaban en segundo debate las modificaciones a la ley 5, el diputado del PRD Raúl Pineda presentó una iniciativa que busca aumentar los impuestos que pagan las empresas licoreras del país.

A su juicio, el mismo se hizo con el fin de que las ventas al por mayor paguen más impuestos.