El Confabulario – 18 de agosto de 2013

Un aumento de penas que va de 6 a 10 años por los casos de hurto en servicios públicos como electricidad, agua, telefonía y televisión busca aprobar la Asamblea Nacional. Se trata del proyecto de ley 587, que también sanciona las empresas que patrocinen el delito.

En la actualidad, el artículo 214 sobre delitos contra el patrimonio económico establece que para los hurtos de estos servicios la sanción será de tres a cinco años de prisión, los cuales pueden reemplazarse por fianzas.

No obstante, la adición de un nuevo numeral a este artículo pretende imposibilitar que se beneficien con una medida cautelar distinta a la detención preventiva a quienes cometen estos actos.

El proponente de esta iniciativa, José Muñoz, manifestó que en el país estos delitos han aumentado considerablemente, y al incrementarse los valores de metales a nivel mundial, se producen perjuicios a las empresas que presten los servicios públicos.

A su vez, se propuso modificar el artículo 392 del Código Penal, relacionado a la “Receptación de Cosas Provenientes del Delito”, aumentando la condena para aquellas personas que se dedican a la compra de bienes hurtados, lo que constituye un incentivo para la comisión del acto delictivo.

“Esta ley ya existía y en 2009 se redujo la pena de 3 a 6 años, pero fue un error porque nos dimos cuenta de que hay personas sacando provecho de la situación”, señaló el diputado oficialista.

Muñoz explicó que en comunidades de Chepo, Panamá Oeste y sectores apartados del Darién suelen cortar las líneas telefónicas para hurtar el cobre y venderlo a precios mínimos. “Las personas que hacen esto roban y salen de la cárcel a los pocos días por medio de una medida cautelar, pagando 300 y 400 dólares, mientras se perjudica a comunidades enteras”, argumentó.

No obstante, el diputado opositor Leandro Ávila, quien es miembro de la Comisión de Gobierno, señaló que la normativa ya está tipificada en la ley, por lo que endurecer las penas agudizará el confinamiento existente en las cárceles del país.

“La persona que sea detenida por un caso de estos, saldrá de la cárcel con un título delictivo”, señaló el diputado, quien indicó que la nueva propuesta será aplicada a personas en situación precaria.

Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, César Ruiloba, expresó que deben crearse políticas de prevención para evitar estos casos.

“Para hacer un aumento de penas se debe realizarse un análisis de los casos registrados, el mejoramiento y quienes están incluidos”, explicó el abogado, al considerar que aumentar las condenas no resolverá el problema.

Ruiloba recomendó que cada institución debería verificar la cantidad de bienes que son sustraídos para actuar sobre una base real.

Ante esto, el diputado Muñoz mencionó que cuenta con estadísticas sobre estos casos, y esta semana abogará ante la Asamblea Nacional para que la ley sea aprobada.

El diputado expresó que para este proyecto habrá un amplio debate, pero no puede permitirse que una mujer embarazada intente llamar una ambulancia, y no logre comunicarse por falta de un patrimonio robado.

Este proyecto fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional el 9 de abril de 2013 y fue aprobado por la Comisión de Gobierno el pasado martes. Se espera que esta semana se le dé el segundo debate.