El Confabulario – 20 de septiembre de 2013

Desde julio de 2009 hasta diciembre de 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha recuperado cerca de 2 millones 519 mil 446 dólares en concepto de prestaciones labores a favor de los trabajadores que fueron objeto de las malas prácticas de las empresas.

Con este dinero recaudado, a través de la Dirección Nacional de Asesoría y Defensa Gratuita de los Trabajadores, se han beneficiado 10,000 trabajadores que en algún momento tuvieron conflicto laboral con sus empleadores.

Emidio Alfredo Manzané, director de esta unidad, indicó que unos 200 casos son atendidos al mes, en los que las causas principales tienen que ver con despido injustificado (30%), reclamos de derechos adquiridos (30%), violación del fuero de maternidad (30%) y la diferencia de salario (10%).

Según explicó Manzané, en esta dirección se le brinda asistencia al trabajador cuando ha sido objeto de un despido injustificado o no se le han reconocido sus derechos. Agregó que dependiendo del tipo de reclamación se le envía ante la Junta de Conciliación, el Juzgado Seccional de Trabajo, la Dirección Regional o General de Trabajo.

Informó que de los 200 casos que atienden, por lo menos la mitad va a los tribunales para que se resuelvan, de los que en un pequeño porcentaje se llega a un acuerdo entre las partes.

De la suma recuperada hasta el año pasado, un 75% fue por fallos judiciales y 25% por negociaciones entre el trabajador y el empleador.

El 30% de los conflictos labores suelen ser reclamos contra empresas del sector de la construcción, le siguen con 35% los comercios y otros servicios, doméstico y marítimo con 20% y 15%, respectivamente.

Un 65% de los que presentan sus reclamos ante la Dirección Nacional de Asesoría son hombres, el resto mujeres, esto no significa que a estas últimas no se les violen sus derechos, sino que muchas veces sus parejas les piden no hacerlo, ya que son ellos los jefes del hogar.

Para hacer uso de sus derechos, las personas debe tener en cuenta que tienen tres meses para reclamar por despidos injustificados, un año para derechos adquiridos y dos meses en caso de solicitar su reintegro al trabajo. La sanción para la empresa es pagarle al trabajador, además, el Código de Trabajo y el Judicial fijan un pago de “costas” por el hecho de haberse tenido que ir a tribunales por una falta cometida.