El Confabulario – 23 de septiembre de 2013

Una millonaria evasión fiscal sin precedentes descubrieron los representantes legales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) que podría terminar con el secuestro de bienes, y en el peor de los casos, hasta en los tribunales de justicia.

La irregularidad se detectó en una auditoría hecha por el Mitradel al Fondo de Seguridad Laboral. El informe reveló que existen unas 300 empresas relacionadas con el sector de la construcción que no están pagando la tasa de seguridad laboral, acumulando más de 500 millones de dólares en deuda.

Declaraciones dadas por la titular de Trabajo, Alma Cortés, destacan que son desembolsos atrasados y con una gestión de cobro infructuoso, de la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Laboral como lo establece el Decreto Ejecutivo N.°2 de 2008 “por el cual se reglamenta la seguridad, salud e higiene en la industria de la construcción”.

La irregularidad, según la auditoría a la que hizo referencia Cortés, tiene dos agravantes. Una tiene que ver con la evasión de impuestos al erario público por la construcción del proyecto en materia de seguridad, y en consecuencia la escasa cantidad de oficiales de seguridad que se pueden destinar para los proyectos en desarrollo.

En la Dirección de Inspección del Mitradel informaron que los oficiales de seguridad para la vigilancia de los proyectos se contratan con los recursos provenientes del fondo.

“La corresponsabilidad del Mitradel en ese sentido es contratar más personal experimentado en materia de seguridad para que en los proyectos se tomen y se cumplan todas las normas de seguridad necesaria de manera que se reduzcan los riesgo de accidentes”, contó Cortés.

Pero sostiene la ministra que “si no contamos con esa tasa de pago al día, no existirán los recursos suficientes para contratar a ese personal idóneo en la cantidad que se requiere”.

Conocida la irregularidad personal de la entidad se iniciaron conversaciones, llamados de atención y hasta cruce de notas con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) sin que se hayan recibido resultados favorables.

Secuestros y sanciones

Con una millonaria morosidad, en el Mitradel se preparan para encarar el problema. “Vamos hacer lo que haya que hacer. Ya estamos armando los expedientes para tomar medidas coercitivas a través de un juzgado ejecutor para que se sancione y secuestre a fin de que paguen”, es el ultimátum dado por la ministra de Trabajo.

La tabla de pago, según el Mitradel, establece que los proyectos valorados hasta en $20 millones la tasa de pago es del 1% y por encima de ese rango es del 1/2%. Datos suministrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan que en el país existen unos 20,000 millones de dólares en obras de infraestructura pública y privada.

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Cortés no descarta que la cifra morosa sea mayor cuando se empiecen a revisar otros proyectos en construcción como carreteras, hidroeléctricas, hospitales y aeropuertos.

En la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) están conscientes del asunto. Han participado en reuniones con el personal del Mitradel, propusieron una herramienta reglamentaria de cobro y hasta ha sido tema de discusión entre los agremiados, pero están convencidos de que el problema tiene sus raíces en el “desorden que tiene el Ministerio.”

Enrique Asensio, presidente de la Capac, lo explica sencillo: “No hay una uniformidad - orden que se aplique al momento del cobro. A unas empresas les exigen el pago del fondo de seguridad al momento de tramitar el permiso de construcción, y a otras no”.

Asensio sugiere que se condicione el permiso de construcción al pago anticipado de la tasa de seguridad para garantizar el cobro, y “que no sea cuando el funcionario se acuerde”.

El presidente de la Capac consideró exagerado la intención de la titular de Trabajo de hacer secuestros y sanciones “cuando son ellos mismos quienes no tienen un sistema eficiente de cobro, máxime cuando hay una realidad, y es que no hay suficientes oficiales para todos los proyectos que si se mantienen al día en su cuenta”.

Para los directivos del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el monto de la morosidad también le produce dudas. Piden a las autoridades se verifiquen las cifras y se cumpla con los mecanismos de cobro como lo establece la misma ley que creó el Fondo. “Pareciera que en este país hay impunidad para todo. No hay duda de que las empresas han incumplido con el reglamento, pero para qué están las autoridades”, cuestiona el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez.

Méndez coincide con el presidente de la Capac y le achaca el problema al apadrinamiento que tiene el Ministerio de Trabajo con ciertas empresas. “El decreto es claro en cuanto a las responsabilidades de ambas partes, y la omisión de esos compromisos es lo que ha dejado decena de compañeros muertos”, dijo.

En el Mitradel informaron que solo en la capital existen unos 800 proyectos en construcción para 200 oficiales de seguridad nombrados. El decreto que norma la seguridad en los proyectos, cuyo valor está por encima del millón de dólar, establece que por cada obra Mitradel designará un oficial. “En caso de reportarse incumplimiento, el oficial llamará al inspector para levantarle un expediente a la empresa”, contó Juan Montero, director de Inspección del Mitradel.