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El Confabulario – 24 de octubre de 2013

Lucy Garcés (lugarces@epasa.com) / PANAMA AMERICA

Los seis partidos políticos legalmente constituidos dispondrán de $69.8 millones entre 2014 y 2019 como parte del financiamiento público que aporta el Estado, lo que equivale a $36.1 millones más que en el quinquenio vigente.

El Código Electoral establece que el financiamiento público a los partidos políticos saldrá del 1% del presupuesto general de Estado del año previo a las elecciones. El presupuesto del Estado para la vigencia fiscal de 2013 fue de $16 mil 283 millones.

De los $69.8 millones que se destinaron para el próximo quinquenio, 27.9 millones corresponden al 40% que se debe entregar en partes iguales a los partidos políticos antes de las elecciones para gastos de organización y publicidad.

El resto, $41.2 millones, se debe distribuir de acuerdo a la cantidad de votos que obtenga cada colectivo y candidatos independientes en las elecciones generales del 4 de mayo de 2014.

El fondo que se entrega después de las elecciones está destinado para los gastos de funcionamiento de las oficinas de los partidos a nivel nacional y para financiar actividades de capacitación política. Incluso, la norma establece un porcentaje específico para la capacitación de mujeres.

Para el quinquenio 2009-2014, el Tribunal Electoral (TE) destinó 33.7 millones de dólares, de los cuales 13.4 millones fueron parte del subsidio preelectoral y 20.2 millones el poselectoral.

Para el analista político Mario Rognoni esta suma es demasiada exagerada, ya que algunos partidos, sin especificar, utilizan estos ingresos para pagar sueldos de directivas, oficinas y no para fortalecer políticamente a sus miembros.

Esta posición es compartida por Elia de Tulipano, fundadora del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, quien considera que el TE debería analizar a profundidad en qué los partidos políticos utilizan estos fondos.

El TE es el responsable de fiscalizar y auditar el manejo del financiamiento público. A partir del 2008 se implementó el uso de un softwareque permite a la ciudadanía tener acceso a los informes de gastos de los partidos por internet.



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