El Confabulario – 24 de septiembre de 2013

Darién, la provincia más extensa de Panamá, con una población de 50 mil habitantes, no tiene una cárcel pública.

Tras la decisión de una comisión especial que evaluó el estado del reclusorio de La Palma, único penal de aquella extensa región, el Sistema Penitenciario Nacional realizó el traslado de 45 detenidos darienitas en enero de 2011, a La Joya y La Joyita.

El argumento de ese acto, según Ángel Calderón, director del Sistema Penitenciario, es que la instalación no cumplía con las condiciones de salubridad y que había hacinamiento.

“Eso estaba deplorable, no había servicio higiénico y tenían problemas con el agua”, declaró a este diario el funcionario.

Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a esa misma institución devolver a todos los convictos a La Palma y edificar una nueva cárcel en dos años desde que se inició el traslado.

La construcción del penal aún no podrá llevarse a cabo, argumentó Calderón, por la falta de presupuesto.

Según Calderón, su institución maneja un presupuesto de $21 millones y de esa cantidad, $14 millones se van en planilla.

No cumplir con la ordenanza de la Corte, de no construir el nuevo penal, podría meter en líos legales a Calderón, explicó el abogado Benito Mojica.

“Pudiese estar cometiendo un delito de abuso de autoridad y extralimitación de funciones”.

Esta falta, según el artículo XX del Código Penal Judicial, es penalizada de tres a cinco años de prisión.

Para el jurista Silvio Guerra, si llega el día del plazo dado a Calderón para que realice el retorno de los detenidos a La Palma y este no se cumple, la acción sería una grave afectación de los derechos procesales de los acusados.

“Los apoderados de los prisioneros podrían solicitar medidas cautelares distintas a la privación de libertad o detención preventiva ante los fiscales”, sostuvo.

Aunque Benito Mojica aclaró que debido a que el Sistema Penitenciario no tiene presencia física en esa región, los reos pueden cumplir pena en el circuito judicial más cercano al sitio donde fueron juzgados.

Por ahora, solo 6 de los 45 prisioneros darienitas han sido condenados.

Sin embargo, luego del fallo de la “mudanza” a Panamá de los que hasta ese entonces eran los únicos 45 convictos de toda la provincia de Darién, los delitos siguieron cometiéndose y producto de ello, otros 69 malhechores de varias regiones de Darién han sido llevados a las cárceles de Las Garzas de Pacora.

Marta Quintana, alcaldesa de Chepigana, el distrito que tiene a La Palma como cabecera, reveló aPanamá América que “por día se reportan diez casos entre hurtos y robos”.

La otra cara

Otra complicación es que los familiares de los reos no pueden visitarlos, denunció Nicolás Delgado, de la Pastoral Carcelaria del Vicariato de Darién.

Una de ellas es Marta Moreno que no sabe de su hijo desde hace un año. El viaje hasta La Joya representa para ella faltar dos días a su trabajo.

“Es una pesadilla. Debo madrugar a las 4:00 a.m. para abordar un bote desde La Palma hacia Yaviza; luego de dos horas en agua, debo esperar otra hora para montar un bus que nos lleva dos horas por carretera hasta los penales. Si llego después de las 9:00 a.m., no me dejan entrar. Es un gran viacrucis para solo ver 45 minutos a mi hijo”, relató.

Más dramática es la historia de Diana, una guna que desde antes del traslado no ha visto a su esposo.

“Solo hemos hablado tres veces por celular. La última ocasión que escuché su voz fue en la Navidad pasada y me contó que tuvo que pedir que lo llevaran a la celda de los varones (religiosos) porque otros reclusos le pegaban”, cuenta.

Existe otra gran cantidad de familias que por la distancia que los separa no ven a sus presos.

La mora judicial también parece estar tras las rejas en este complejo caso. Las audiencias y juicios son un caso perdido, según Justo Marcial, fiscal del circuito judicial de Darién.

“Más del 50% de las audiencias que deben hacerse allá, se suspenden porque no hay cómo transportar a los detenidos desde Panamá hasta La Palma”, dijo.

Antes de obtener un transporte que lleve a los presos hasta las sedes del Ministerio Público en esa apartada región, “hay que asegurarse de contar con custodios del Senafront, ya que ellos por orden ejecutiva son la autoridad en Darién”, comenta Marcial.

Tras una consulta en las oficinas del Senafront, sus voceras explicaron que el protocolo administrativo para gestionar la petición del servicio de custodia desde y hacia Darién, demora 15 días en resolverse.

“Es por eso que se suspenden las audiencias”, recalca Marcial.

Otro medio de transporte son los helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval, pero estos son usados a diario para giras de otras instituciones del Estado y para ayuda humanitaria.

Por lo pronto, los reos de Darién tendrán que conformarse con las llamadas de sus seres queridos. Y eso solo ocurre, cuando llega la señal.