El Confabulario – 28 de julio de 2013

En el centro de la ciudad, donde a diario se movilizan miles de millones de dólares, hay un pequeño caserío que sobrevive a su suerte. Sus pobladores lo identifican como San José de la Usma. Son los vecinos ineludibles de barriadas con renombre como Condado del Rey, Altos de Panamá y hasta de los futuros sacerdotes que se preparan en el Seminario Mayor San José.

Los residentes de José de la Usma se establecieron allí por falta de oportunidad y de un trabajo fijo que los respalde. Desde estonces, ven muy de cerca el desarrollo de la ciudad y la aparición repentina de centros comerciales que les aumentan el resentimiento. Eduardo Cáceres es uno de ellos. A sus 21 años tiene una familia de cuatro integrantes. Y para llevarles el sustento, sale todos los días en busca de un “camarón” (cortar césped, ayudante de construcción o de plomería).

Donde vive Eduardo, una casa improvisada con retazos de madera, cartón y zinc, los tiempos de bonanza que acarician al país y la ayuda social que ofrece el Gobierno a través de transferencias monetarias, no le llegan.

Eduardo, su esposa y sus dos hijos, menores de dos años, forman parte del 26% de la población que vive en condición de pobreza y pobreza extrema. Aunque esta cifra es la más baja registrada en la historia del país; el porcentaje indica que todavía existe más de medio millón de habitantes que viven en condición de pobreza y pobreza extrema.

La reducción de esta cifra es, para los responsables de las políticas sociales del Estado, una ganancia atribuible a la serie de proyectos que se transfieren directamente a la clase más vulnerable, como Red de Oportunidades, 100 a los 70 y Beca Universal, en los cuales se han invertido cerca de 900 millones de dólares en los últimos cuatro años.

Por otra parte, Jorge Torregrosa, responsable del proyecto Red de Oportunidades, explica que desde 2009 cuando llegó al cargo, el número de beneficiarias se elevó de 45,000 a 48,000 mujeres que reciben 50 dólares mensuales para los gastos de medicina y suplementos alimenticios en áreas de difícil acceso.

Ese grupo de mujeres reciben un seguimiento permanente (800 inspectores) para garantizar que cumplen con su corresponsabilidad.

“De esa forma nos aseguramos de que la inversión no caiga en saco roto. La idea es que mejoren su calidad de vida”, explica Torregrosa.

Muestra de lo anterior, sostiene, es que desde que nació el programa se han excluido a unas 5,000 mujeres que lograron salir de ese grado de dependencia, o que simplemente por denuncia, se les retiró el subsidio bimensual.

Mientras, en el Programa 100 a los 70, las reglas son las mismas. La diferencia está en los 126,000 beneficiarios que el programa contabiliza desde que nació. Lo que ha repercutido en que la esperanza de vida aumentara de 75 años a 80 años, producto de que los beneficiarios están acudiendo más a sus citas y se alimentan mejor; de acuerdo con los informes que maneja el despacho de Jessica Pérez, directora del programa.

A juicio de Pérez, la incidencia en las cifras ha sido progresiva y favorable “de manera que nos lleva a concluir que sin estos sistemas de transferencias monetarias, la población más vulnerable seguiría sumergida en un cúmulo de necesidades básicas. Ahora, ese grupo tiene cómo balancearse para su dieta mensual y compra de medicinas”.

Estos resultados también se vieron reflejados en la EPM del año pasado, en la que la proporción de personas que logró mejorar su condición de vida por medio de desembolso de ayuda social del Estado se ubicó en 89,361 personas.

Sin embargo, ese 10% que logró mejorar su condición sigue rezagada. Ese grupo de la población, según la descripción del propio estudio, tiene ingresos por debajo del valor per cápita de la canasta mínima alimentaria (327 dólares). En cambio, los que mantienen una condición de pobres tienen ingresos iguales o superiores al valor per cápita de la línea de pobreza extrema y pueden adquirir la canasta mínima de alimentos. La diferencia radica en que son inferiores al valor per cápita de la línea de pobreza general, por lo que no pueden financiar el costo total de una canasta mínima de bienes no alimenticios.

Otra de las transferencias monetarias que dejan su sello en la disminución de la pobreza, según los analistas, es el programa de Beca Universal que impulsa el Ministerio de Educación (Meduca). Cuatro años después de compensar la asistencia escolar a la entrega de 20 dólares mensuales por estudiante, los primeros resultados dan cuenta de que la deserción escolar fue el punto clave. En 2012 por ejemplo, de los 683,955 estudiantes inscritos en los planteles oficiales, la deserción cayó del 3.5% al 3.1% comparado con el año anterior. Para este renglón, el Meduca desembolsó 105.8 millones de dólares.

Sobre los avances en el tema, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoció que Panamá se encarrila en la reducción de las cifras.

Mientras, en el MEF dan cuenta de que solo en los últimos cuatro años el Estado desembolsó 1,118 millones de dólares en transferencias monetarias, pero en la residencia de Eduardo en José de la Usma, ninguna de estas ayudas ha tocado la puerta de su deteriorada vivienda.

A pesar de que esta realidad golpea a cerca de 100,000 personas que viven en las áreas urbanas como Eduardo, la más reciente referencia oficial elaborada por la Encuesta de Propósitos Múltiples (EPM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la III Encuesta Nacional para medir los niveles de pobreza que realiza cada cinco años el MEF revelan que la pobreza cayó del 38% al 26%, una reducción significativa del 10% en los últimos siete años. Del porcentaje global de pobreza que maneja el MEF, el 89% se concentra en las en áreas rurales con marcada notoriedad en las comarcas y el 11% en áreas urbanas.