El Confabulario
El Confabulario – 29 de octubre de 2013
Datos
- Casos
- En estos cuatro años se han registrado unas 120 denuncias de homicidios en contra de policías, de las cuales 110 han salido con fallos de absolución e indulto.
- Oposición
- En el caso de la Plaza 5 de Mayo, donde dos menores murieron por disparos de unidades de la Policía Nacional, los abogados querellantes presentarán una oposición por lo que decretó la Fiscalía Tercera Superior al solicitar el sobreseimiento ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Luego de 72 horas de que se les formularan cargos por el delito de homicidio doloso a las dos unidades de la Policía Nacional detenidas por el caso de San Carlos, estas se han negado a rendir declaración indagatoria ante la unidad de Homicidios de la Fiscalía Auxiliar.
Las unidades se han amparado en el artículo 22 de la Constitución, que consiste en no declarar sin la presencia de un abogado.
De acuerdo con fuentes allegadas a la investigación, las unidades de la Policía Nacional se niegan a recibir los servicios de un defensor de oficio y en su lugar están en espera de contratar la asistencia de un abogado particular.
Los policías son identificados como el teniente Rosales y la agente Pérez, señalados por el Ministerio Público como las personas que dispararon contra el auto en el que iban las víctimas, dos menores indostanes de 2 y 15 años.
Se conoció por medio de una fuente judicial que la indagatoria ha sido programada nuevamente para el jueves 31 de octubre en horas de la mañana.
Mientras, la familia de los dos policías había hecho acercamientos con el abogado Benito Mojica para que se encargue de la defensa de ambos, sin embargo, hasta el día de ayer no se había definido la contratación para que se pueda presentar el poder ante el despacho de la unidad de homicidios.
Los imputados en el caso permanecen dentro de una celda transitoria en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
El director de la Policía Nacional, Julio Moltó, aseguró que en este caso no habrá impunidad, y argumentó que desde que se conoció del hecho se procedió a tomar las medidas para colaborar con las autoridades del Ministerio Público.
Moltó indicó que lo primero que se hizo fue quitarles el arma de reglamento y las placas a las unidades policiales involucradas en este caso y ponerles a disposición de la fiscalía encargada de las investigaciones.
La Ley 74 establece que en un caso penal, las unidades de la Fuerza Pública no podrán ser destituidas y estarán detenidas en la sede policial en 0 administrativas.
