El Confabulario – 3 de abril de 2013

La Defensoría del Pueblo mostró una baja significativa en la evaluación trimestral que realiza sobre transparencia, el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción.

La institución, que dice promover la transparencia, no ha logrado cumplir con ciertos requisitos en materia de acceso a la información contemplados en la Ley 6 de 2002, pues de noviembre a marzo retrocedió de 87.5% a 70.83%.

En el último informe de la Secretaría contra la Corrupción, 46 entidades cumplieron al 100% con los estándares o requisitos de la mencionada norma legal.

El informe evalúa a un total de 86 instituciones públicas, de las cuales tres se incluyeron el año pasado.

Con respecto al informe anterior, hubo un incremento de 10 instituciones que pasaron limpia su evaluación.

Entre tanto, las entidades públicas que marcaron un porcentaje menor al 30% se redujeron de 10 en noviembre de 2012 a solo cuatro en marzo de 2013.

Desde la primera evaluación realizada por el consejo hasta esta parte, el incremento porcentual al principio de publicidad en las páginas web de las entidades del Estado ha aumentado en más de un 137%.

De un total de 86 instituciones que se evalúan en este informe, donde se exponen los 24 puntos a cumplir en el principio de publicidad sobre transparencia como lo indica la ley, el 50% de las mismas han cumplido a cabalidad con los dictámenes, por lo menos en el primer informe publicado en este año.

Las instituciones con más baja evaluación en este informe son el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Dirección General de Carrera Administrativa, que solo cumplen con el 25% de los requisitos que indica la ley. Entre tanto, entidades como la Secretaría del Metro de Panamá y la Policía Nacional de Panamá también sacaron una baja calificación con un 29.17%.

Abigail Benzadón, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción, manifestó que son las entidades las que tienen la responsabilidad de publicar en sus sitios web, toda la información sobre transparencia, como lo estipula la ley.

Indicó que las entidades deben publicar información sobre planillas, proyectos y otras informaciones, de acuerdo a los conceptos que estipula la Ley 6 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública.

“Nuestra labor no es publicar esa información, sino verificar, de acuerdo a la ley, si estas instituciones suben a sus páginas web toda la información para el acceso público”, declaró Benzadón.

Agregó que Panamá es uno de los pocos países que cuenta con grandes avances tecnológicos en este tema, por lo que las entidades tienen todas las facilidades para la publicación de su información.

“Colaboramos con el Ejecutivo en la elaboración y ejecución de acciones que promuevan un verdadero combate a la corrupción, no solo en el ámbito de la docencia, sino también en la recepción de denuncias y al examen de gestión administrativa”, dijo.

Benzadón comentó que ahora todas las páginas de entidades públicas se pueden unificar gracias a un convenio con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Esto implica que todas las instituciones del Estado tengan dentro de su página web un ícono con el nombre de transparencia, en la cual el público tenga acceso a toda la información sobre la entidad. El convenio se da con base en una resolución publicada en Gaceta Oficial del 24 de marzo de 2011, en la cual se propone “el cumplimiento de estándares para páginas web en las entidades del Gobierno de Panamá”. La secretaria del consejo afirmó que las páginas de la entidad se revisan entre ocho y 10 veces al año para monitorear si están cumpliendo con los parámetros. “Estamos para fiscalizar si de las páginas web de las entidades del Gobierno, hacen pública la información de sus gestiones”, reiteró.

Desde marzo de 2011, ya son siete las evaluaciones que ha realizado el consejo a las entidades públicas. En el caso de 2013, es la primera que se realiza, la segunda será en julio y la última en noviembre de este año.