El Confabulario – 30 de diciembre de 2012

Históricamente, la inhabilitación de funciones a un servidor público de alto perfil ha estado en el escenario político, dejando en la cuerda floja y hasta fuera del juego a altas figuras de la política criolla.

El último caso registrado fue el de la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez, quien hoy en día, a pesar de estar inhabilitada, anunció sus aspiraciones políticas para las elecciones generales de 2014, en las que espera lograr una curul en la Asamblea Nacional por la vía independiente.

En agosto de 2010, la exprocuradora fue declarada culpable por abuso de autoridad. La condena fue seis meses de cárcel, pena que luego fue reemplazada por 40 días multa y la inhabilitación por cuatro años.

A juicio del expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez, el hecho de que Gómez esté inhabilitada no impide que pueda ser candidata.

“Considero que ella puede ser elegida y no ejercer funciones hasta después de la fecha, mientras, manda al suplente. No hay nada que le impida ser candidata”, opinó Rodríguez. Sin embargo, aclaró que de ganar, la podrían impugnar por “asuntos políticos”.

El exprocurador Rogelio Cruz dijo que esta es la primera vez que se da esto, y coincidió en que, a su parecer, Gómez puede correr como candidata.

Antecedentes Los casos de inhabilitación de funciones a funcionarios de alto perfil se remontan más de 60 años atrás.

En 1948, el expresidente Arnulfo Arias Madrid ganó las elecciones presidenciales por segunda vez y debido a la oposición popular fue derrocado nuevamente en 1951. Enfrentó juicio y fue hallado culpable de extralimitación de funciones, recibiendo un año de cárcel e inhabilitación de funciones hasta 1960, cuando la Unión Nacional de Oposición le prometió la rehabilitación si ganaba las elecciones. Ese año fundó el Partido Panameñista y en 1964 fue candidato a la presidencia, pero fue víctima de un fraude electoral.

Otro caso sonado fue el de la exalcaldesa, hoy gobernadora de Panamá, Mayín Correa, quien fue condenada el 4 de abril de 1994 a la pena de inhabilitación de funciones, tras ser encontrada culpable por el Tribunal Electoral por la comisión de delito electoral de uso de recursos del Estado en la inscripción de un partido en formación.

Correa demandó el fallo y la Corte Suprema, el 27 de octubre de 1998, declaró inconstitucional la frase “por delito electoral”, lo que le permitió postularse a la alcaldía en 1999.

En 2004, el Tribunal Electoral condenó a la exdiputada panameñista Haydeé Milanés de Lay por delito electoral y la despojó de su curul, después de que se comprobara la utilización de recursos del Estado para hacer proselitismo.

Sin embargo, ese mismo año, la exdiputada se benefició del indulto presidencial de Mireya Moscoso.

Entre los casos pendientes en los que aún no se ha llegado a una sentencia ejecutoria figura el del representante de San Felipe, Mario Kennedy, quien a pesar de haber sido condenado a 48 meses de cárcel, por malos manejos en la junta comunal, se mantiene en el cargo tras haber interpuesto recursos de apelación.

Entretanto, el representante de Calidonia, Ramón Ashby, se encuentra a la espera de fecha de juicio por la supuesta comisión del delito de peculado doloso, luego que en 2010 una auditoría reveló supuestas irregularidades en las finanzas de la junta.

Mientras, en el caso de los diputados, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido el fallo a ninguno de los 64 procesos penales existentes contra los parlamentarios.

Otros funcionarios que estuvieron al filo de la navaja fueron el exingeniero municipal Jaime Salas, quien fue absuelto provisionalmente de los cargos de blanqueo de dinero, y la exdirectora de Anati Anabel Villamonte, absuelta en junio de este año de las acusaciones por el delito contra el ambiente y ordenamiento territorial.