El Confabulario
El Confabulario – 31 de enero de 2013
Las cifras
3,000- operadores, dicen los directivos de Mi Bus, están disponibles para ofrecer el servicio. Mientras, la dirigencia del grupo de operadores, que reclama un ajuste de 800 dólares, dice que 2 mil 500 conductores estarían apoyando el llamado a huelga.
- metrobuses ofrecen el servicio en la capital para cerca de 700 mil usuarios. El conflicto se inició el 26 de diciembre con una huelga ilegal que realizaron los operadores del metrobús en Ojo de Agua y la 24 de Diciembre.
Las recientes amenazas de paro por parte de los operadores del metrobús aceleró los planes de contingencia que periódicamente realiza la empresa para afrontar las necesidades en el sistema.
Ayer, horas antes de concretarse el llamado a huelga, unos 200 operadores recibían capacitación para sustituir a los conductores que apoyarían la medida.
Así, Mi Bus, a petición del director del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Ventura Vega, se preparaba para garantizar el servicio. “La empresa asegura que tienen los conductores para brindar el servicio. Y esa es su responsabilidad como empresa responsable del sistema”, expresó Vega.
Por su parte, la titular de Trabajo, Alma Cortés, informó que se hicieron todas las coordinaciones con la ATTT y el Ministerio de Gobierno para que el servicio se ofrezca. “Tengan la plena seguridad de que el servicio no se verá afectado. No se permitirá sabotaje ni impedimento de salida de los buses de los patios”, remarcó.
En tanto, Inocente Guerra, vocero de los grupos de operadores, evoca las declaraciones de Iván Posada en enero de 2012, cuando se desempeñaba como gerente de Mi Bus: “Queremos ofrecer un salario más competitivo a los trabajadores”. “Esa promesa, que no se firmó en blanco y negro, es lo que nos mantiene en la lucha. Sentimos que la empresa se burló de nosotros”, expresó Guerra.
Un año después, Mi Bus mantiene bajo el brazo dos herramientas que les aventaja camino a los operadores. Firmó una convención colectiva con un grupo de operadores en la que se establece un aumento cada dos años de 12 centavos la hora, y tras la medida de fuerza del 26 de diciembre pasado, una resolución del Juzgado Tercero de Trabajo, que deja claro que la medida de presión es ilegal. “Lo que la empresa busca es dejar documentado que en caso de repetirse el escenario, existen precedentes, y queda a su discreción tomar correctivos”, es la lectura que hace Mario Molino, secretario general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió “que se inicie un diálogo constructivo entre las partes en conflicto, sin exaltaciones y pensando, además, en el bienestar de los cientos de miles de usuarios de este sistema de transporte”. A través de un comunicado, Apede “consideró oportuno incentivar a la empresa y a los trabajadores para que puedan dirimir conflictos.
