El Confabulario – 5 de noviembre de 2013

Los dos menores de la comunidad indostana perdieron la vida tras un error de las dos unidades.

Sin embargo, pese a que los funcionarios fueron trasladados a la Unidad de Homicidio de Panamá Oeste, estos se acogieron al artículo 25 de la Constitución Política, la cual establece que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo.”

Ante esto, analistas y voceros de la sociedad civil han coincidido desde el día del incidente, que la normativa brinda demasiada protección a los agentes, y por ello requiere de una urgente modificación.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo manifestó que rechaza el abuso policial de cualquier fuerza pública y, por ende, también solicitará un informe de lo sucedido a la Policía Nacional, quien desde sus inicios catalogó el hecho como lamentable.